RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En estos últimos años, el tema de las pensiones otorgadas por el Gobierno ha sido motivo de intensos debates y críticas por parte de la oposición, quienes han denunciado un posible favoritismo político en estas concesiones.
Esta discusión ha cobrado relevancia especialmente después de que se revelara que solo en el mes de marzo se promulgaron 23 decretos para otorgar un total de 718 pensiones, con montos que oscilan entre los 10,000 y los 181,123.78 pesos, representando un significativo desembolso mensual de 20,917,343.57 pesos al Presupuesto Nacional.
Dentro de los beneficiarios de estas pensiones se encuentran cinco coroneles y tres generales de la Policía Nacional, quienes fueron retirados con un ascenso al rango superior de manera inmediata. Si bien muchas de estas pensiones se justifican bajo criterios como discapacidad, largos años de servicio público, pertenencia al servicio diplomático o al sector salud, su volumen y frecuencia han generado cuestionamientos sobre la transparencia y equidad en el proceso de concesión.
Es importante destacar que el presidente Luis Abinader, en un gesto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, firmó un decreto para otorgar pensiones de 60,000 pesos a 61 mujeres por sus destacadas trayectorias de servicio. Este acto también ha sido objeto de análisis y crítica por parte de diversos sectores de la sociedad.
En medio de este escenario, la Junta Central Electoral (JCE) ha emitido una orden para suspender la entrega de bonos económicos, publicidades que promueven candidatos y cualquier beneficio especial a la población durante los días previos a las elecciones. Esta medida se suma a la prohibición establecida desde el 6 de mayo de ejecutar planes sociales extraordinarios, entregar bonos económicos o pensiones, así como aumentar la nómina pública.
Ante esta situación, el presidente Abinader ha asegurado que cumplirá con el mandato de ley de la JCE, reafirmando su compromiso de «cumplir con todo lo que dice la JCE» en cuanto a la prohibición de emitir ayudas sociales extraordinarias y pensiones en la víspera de las elecciones.
Sin embargo, estas acciones también han generado un intenso debate sobre la efectividad y transparencia de las políticas públicas en materia de pensiones y asistencia social.
