RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – A menos de 24 horas de las elecciones presidenciales y congresuales en República Dominicana, la Junta Central Electoral (JCE) ha desencadenado una intensa controversia al anunciar la prohibición de realizar encuestas a boca de urna, exit poll, sondeos y cualquier tipo de medición sobre los resultados electorales. Esta medida ha generado un debate candente en torno a si la JCE está cumpliendo fielmente con la ley electoral o, por el contrario, está contradiciendo sus propios fundamentos legales.
La Ley Electoral (20-23) es sumamente clara en su artículo 216, párrafo II, donde establece que las firmas encuestadoras debidamente certificadas tienen la potestad de realizar encuestas a boca de urna. Sin embargo, esta autorización viene acompañada de requisitos específicos, como el depósito de los resultados en sobres cerrados y sellados en la JCE. Además, la ley prohíbe expresamente la divulgación de estos resultados hasta tres horas después del cierre de las votaciones, salvaguardando así la integridad del proceso electoral.
A pesar de estas disposiciones legales claras y concisas, la JCE ha emitido un comunicado anunciando la prohibición de las encuestas a boca de urna, exit poll, sondeos y mediciones de cualquier tipo sobre los resultados de las elecciones. Esta decisión ha sido justificada por la JCE en una resolución emitida por el Pleno el 13 de mayo de 2024 (Resolución No. 40-2024), la cual establece un protocolo para la emisión y divulgación de boletines electorales.
Este conflicto ha llevado a figuras destacadas del ámbito político y jurídico, como el delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la JCE, Sigmund Freund, a expresar su desacuerdo con la medida tomada por la Junta. Según Freund, la prohibición de las encuestas a boca de urna es contraria a lo establecido en la ley electoral vigente y representa un obstáculo para la transparencia y la libre información durante el proceso electoral.
La interpretación de la ley y su aplicación práctica están en el centro del debate. Mientras algunos defienden la posición de la JCE como una medida para preservar la imparcialidad y evitar posibles influencias indebidas en la jornada electoral, otros argumentan que esta decisión limita el derecho a la información y atenta contra la transparencia del proceso democrático.
Ante este escenario, es imperativo que se resuelva este conflicto de interpretaciones y se clarifiquen las normas para garantizar un proceso electoral justo, transparente y en pleno respeto a los derechos establecidos por la ley. La confianza de la ciudadanía en el sistema democrático depende en gran medida de la transparencia y la legalidad que se evidencie en cada etapa del proceso electoral.
