RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Una revisión exhaustiva del Código de Trabajo de la República Dominicana es una necesidad imperante que debe ser atendida por el próximo gobierno, que asumirá funciones el próximo 16 de agosto, según lo expresado por Pedro Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM).
«En la década de los años 1990, el Código de Trabajo fungió como una herramienta invaluable, promoviendo el desarrollo de las relaciones laborales y contribuyendo a mantener un clima de paz laboral que nos distingue de otras regiones y naciones.
Sin embargo, después de más de 30 años desde su implementación, el contexto socioeconómico del país ha evolucionado considerablemente», señaló Rodríguez en un comunicado escrito proporcionado a N Digital.
Rodríguez enfatizó la necesidad de orientar los cambios del Código hacia la corrección de distorsiones procesales, la facilitación de acuerdos entre las partes involucradas en conflictos laborales, la flexibilización de las jornadas laborales para mantener la eficiencia y la productividad en sectores productivos, así como la revisión de los costos asociados a las relaciones laborales.
«Según datos en constante revisión proporcionados por el proyecto Sistema Integral de Administración Laboral (SIAL), el país enfrenta una de las cargas sociales más elevadas entre los signatarios del DR-CAFTA. Por cada 10,000 pesos DOP pagados como salario, se destinan aproximadamente 6,500 pesos DOP a cargas sociales, lo que representa alrededor del 65 por ciento. Esta situación resulta insostenible a largo plazo», declaró Rodríguez.
En cuanto a la lucha contra la informalidad laboral, COPARDOM destacó la necesidad de abordar este fenómeno que afecta a más de 250 mil empresas de tamaño mediano en el país, asociadas con baja productividad y condiciones laborales precarias.
«La proliferación del empleo informal, que representa aproximadamente el 57 % según el Banco Central, genera desigualdades en el mercado laboral, fomenta la desprotección de los trabajadores, distorsiona la competencia, y dificulta la regulación y fiscalización de las actividades económicas», manifestó COPARDOM.
Para enfrentar la informalidad, COPARDOM propuso una serie de medidas, entre ellas la capacitación y la identificación de necesidades en colaboración con el INFOTEP y las universidades, el desarrollo de campañas de concientización respaldadas por el lobbying para situar el tema en la agenda nacional, y la creación de incentivos para la formalización empresarial.
Además, Rodríguez señaló que el próximo gobierno debe abordar el desafío educativo, especialmente en lo que respecta al impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en diversos sectores.
«Es fundamental definir claramente qué entendemos por educación y qué no, educar desde la ética, instruir en el espíritu crítico, y orientar desde el aprendizaje, promoviendo la igualdad de oportunidades, la equidad y la inclusión», afirmó.
COPARDOM también destacó la importancia de mejorar la formación docente, abrir los espacios educativos a la comunidad y la sociedad en general, y enfatizar la educación emocional y ambiental.
Por último, el gremio patronal subrayó la necesidad de abordar el futuro del trabajo, especialmente el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y la necesidad de adaptar las competencias laborales a las demandas cambiantes del mercado.
«Es esencial evaluar el impacto de la tecnología en los procesos de producción y servicios, educar y capacitar para desarrollar nuevas habilidades, y anticipar cambios y tendencias mediante el diálogo entre el gobierno, los trabajadores, las empresas y otros actores relevantes», concluyó Rodríguez.
