RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó su decisión sobre el recurso contencioso presentado por la empresa a la que se le arrendó por 25 años el Teatro Agua y Luz, contrato que fue declarado ilegal en 2020 por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).
La acción contenciosa inició por Consultoría Astur, S.A, que recientemente se favoreció en una casación por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la cual revocó una segunda decisión de otra sala del TSA, devolviendo el caso a esta instancia judicial.
Este es el tercer regreso del expediente al TSA como resultado de una segunda casación de la SCJ. En la primera ocasión, la Alta Corte declaró inadmisible el caso y en la segunda, según los abogados de la empresa, el alto tribunal motivó su decisión SCJ-TS-24-0250 en cuatro razones de fondo, revocando el fallo de la Quinta Sala del TSA.
La consultora jurídica de la DGCP, Raquel Miranda, argumentó en la audiencia que la anulación del contrato se hizo conforme a las facultades otorgadas por la Ley 340-06. Solicitó que se declarara válido el escrito de defensa de la entidad pública y que se rechazara en su totalidad el recurso contencioso contra la resolución RIC-96-2020.
El titular de la DGCP, Carlos Pimentel, ha insistido en que entre las irregularidades del contrato se encuentra que Corphotels, como institución contratante, no otorgó el plazo mínimo de participación, lo que resultó en una violación del principio de participación, protegido por el numeral 8 del artículo 3 de la Ley 340-06.
Pimentel también señaló que no se incluyeron en el pliego de condiciones los criterios y parámetros necesarios para establecer de manera objetiva su evaluación y calificación.
