RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – Los abogados de los imputados en el caso de presunta corrupción Calamar cuestionaron el criterio de oportunidad como “irregular” solicitado por el Ministerio Público en favor de seis implicados en el expediente y una empresa que colaboró en la investigación.
Luis Rivas, abogado del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, declaró que querían estar presentes en la audiencia del miércoles, con el fin de exigir al tribunal que determine la legalidad del desistimiento de la acción penal hacia la empresa y las seis personas físicas.
De ser aceptada la solicitud del Ministerio Público, los posibles beneficiarios del desistimiento de la acción penal serían Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L.
Al hablar en nombre de las demás defensas, Luis Rivas señaló que tienen el derecho de participar y contradecir la solicitud del Ministerio Público.
Afirmó que los delitos atribuidos a aquellos que negociaron con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) “son de la misma gravedad y no son menos serios que los de otros”, por lo que el artículo 370 del Código Procesal Penal que lo regula “es explícito y establece que el criterio de oportunidad no procede”.
La audiencia para conocer la solicitud del criterio de oportunidad se pospuso hasta el próximo 13 de junio para notificar a cuatro querellantes de los posibles beneficiarios, según informó el abogado Francisco García Rosa, representante de la familia Gatón, una de las presuntas afectadas por la presunta red.
García describió la audiencia de hoy como “muy particular”, ya que no todos los involucrados en el caso Calamar “son partes” que deben estar presentes en la vista programada para este miércoles.
Agregó que la jueza Altagracia Ramírez los “convocó porque es muy protectora de los derechos, porque si ella hubiera querido resolver eso de forma administrativa”.
La Pepca ha argumentado que los seis individuos que se beneficiarían del criterio de oportunidad “han reparado el daño causado al Estado dominicano mediante la devolución de los fondos sustraídos” en su participación en la red que supuestamente defraudó al erario.
También han proporcionado detalles sobre el modus operandi de toda la trama, en la que se acusa a más de 40 personas físicas y jurídicas, incluidos los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el exsenador de Azua, Rafael Calderón.
A la presunta red de Calamar se le imputa haber defraudado al Estado mediante pagos irregulares por la declaración de propiedades privadas como de utilidad pública, la extorsión de bancas de apuestas y sobornos a contratistas del Estado para financiar la campaña política de 2020.
