RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) alertó este martes sobre una crisis en la prestación de asistencia legal gratuita, revelando que 24,722 personas privadas de libertad dependen de sus defensores públicos. Esta situación, que refleja el compromiso de la ONDP con los más vulnerables, evidencia un preocupante déficit de personal y recursos.
Según el comunicado oficial, la ONDP opera en estricto cumplimiento del artículo 176 de la Constitución, pero enfrenta serias limitaciones. Actualmente, solo 182 defensores públicos y 151 abogados adscritos contratados manejan entre 400 y 500 casos cada uno, lo que deja al descubierto un déficit crítico de 250 miembros necesarios para garantizar un servicio de calidad.
“La alta demanda de servicios legales ha puesto a prueba los recursos de la ONDP, creando una sobrecarga que amenaza con comprometer la calidad de la defensa proporcionada a quienes más lo necesitan”, afirmó la entidad. Esta situación no solo vulnera el derecho a una defensa adecuada, sino que también pone en riesgo la integridad del sistema judicial del país.
Durante los primeros cinco meses de 2024, los defensores públicos realizaron 9,068 visitas a centros penitenciarios y destacamentos policiales, mostrando una dedicación inquebrantable en todas las etapas del proceso penal. Sin embargo, el personal insuficiente limita gravemente su capacidad para atender a todos los casos de manera eficiente.
Las provincias con mayor demanda de asistencia de la Defensa Pública en este periodo incluyen Santo Domingo (1,190 casos), Santiago (1,022), Distrito Nacional (821), Barahona (508) e Higüey (458). Estas cifras representan el 36% del total de casos ingresados, subrayando la urgencia de una solución inmediata.
Rodolfo Valentín, director de la ONDP, expresó: “La Oficina Nacional de Defensa Pública continuará trabajando incansablemente para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una representación legal adecuada y que se respeten los principios fundamentales de justicia en el sistema judicial de la República Dominicana. Sin embargo, es imperativo que se asignen más recursos para contratar el personal necesario y así mantener la calidad del servicio”.
La Defensa Pública es una institución esencial que ofrece asistencia legal gratuita a personas privadas de su libertad o vinculadas a procesos judiciales que carecen de recursos económicos para costear un abogado. En este contexto, la actual crisis de recursos no solo afecta a los detenidos, sino que también amenaza con socavar los cimientos de la justicia en el país.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas y proporcionen los recursos necesarios a la ONDP. Solo así se podrá garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su condición económica, tengan acceso a una defensa justa y equitativa, cumpliendo con los principios de justicia y derechos humanos fundamentales.
