RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Con la proximidad de la toma de posesión del nuevo presidente electo y la conformación del Congreso, dominado en su mayoría por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), es necesario examinar los funcionarios electos que enfrentaron acusaciones de corrupción y otros delitos, y a los cuales, no se les “fichó” como dicta la Constitución.
La Administración Pública se fundamenta en el principio de responsabilidad, que implica tanto al Estado y sus instituciones como a los servidores públicos de manera individual.
El Senado, siguiendo el mandato del artículo 80 de la Carta Magna, al decidir, con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula, si encuentra al funcionario culpable de faltas muy graves, debe disponer su destitución, lo que implica a la vez la inhabilitación por diez años para ocupar cualquier cargo público.
En términos penales, los servidores públicos están obligados a responder por violaciones al ordenamiento jurídico penal.
El Código Penal, en sus artículos del 114 al 197, establece los crímenes y delitos que pueden cometer estos funcionarios, incluyendo atentados a la libertad, corrupción, usurpación de funciones, entre otros.
Las sanciones varían según la gravedad de los hechos, abarcando desde prisión y multas hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos, asegurando así la rendición de cuentas y la integridad en el servicio público.
Sin embargo, los siguientes funcionarios electos por el oficialismo, parecen desobedecer las leyes sin amonestación o castigo alguno.
Sergio “Gory” Moya
En 2018, Sergio Moya, candidato a diputado por el PRM y ya ocupante de un escaño en la Cámara Baja, fue señalado en la Operación Calamar, un entramado de más de 2 mil páginas que establece que los implicados sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, y que totalizados asciende a los 19 mil millones.
Este caso desenmascaró un esquema de extorsión a bancas de lotería y deportivas, donde se le vincula como coordinador del entramado de corrupción.
Aunque no figura formalmente como acusado, “Gory” es uno de los nombres más mencionados por su implicación en distintos casos de manejo de sustancias en los años 90.
Además, en el 1998 se vio implicado con lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
José Altagracia Valenzuela Arias
Destituido como cónsul de República Dominicana en Juana Méndez, Haití, Valenzuela Arias enfrentó acusaciones relacionadas con la supuesta complicidad en venta ilegal de92 pasaportes y 11,000 dólares.
Su destitución en 2021, siguió al arresto de un individuo de nacionalidad haitiana, lo cual levantó críticas sobre la integridad del proceso de otorgamiento de visas bajo su gestión.
Kinsberly Taveras Duarte
En 2020, la ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras Duarte, fue objeto de una investigación por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), ya que su patrimonio, según su declaración jurada era de 106 millones de pesos.
Se le vinculó con irregularidades en el proceso de licitación AMBC-LPN-001-2017, realizado por la Alcaldía Municipal de Boca Chica para la recolección, transporte y vertido de seis mil toneladas de desechos sólidos no peligrosos domésticos, cuya adjudicación recayó sobre la compañía OAR Imperio S.R.L, vinculada a Taveras Duarte, por la suma de RD$2,625,000.00.
La DGCP identificó múltiples irregularidades en la ejecución del contrato, lo que generó dudas sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos.
Nelson Marmolejos
Reelegido como diputado por la circunscripción dos de Santiago, Nelson Marmolejos, enfrentó señalamientos en el caso Falcón en 2021, una investigación sobre narcotráfico y lavado de activos.
Según fuentes, en las páginas 78 y 79 del expediente de la Operación Falcón, se resume que el diputado de Santiago, recibió de uno de los imputados la suma de medio millón 50 mil pesos, para las elecciones del 5 de julio del 2020.
Aunque su nombre fue mencionado en el expediente, Marmolejos ha negado cualquier participación ilegal y argumentó que las acusaciones son un intento de perjudicar su carrera política.
Faustina Guerrero
Conocida como Grey Maldonado, Faustina Guerrero, en 2021, también fue mencionada en el caso Falcón por supuestos vínculos con actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, pero no fue comprobado.
A pesar de las acusaciones, Guerrero logró ser reelecta como diputada por la provincia El Seibo, respaldada por el PRM.
Héctor (Pirrín) Féliz
Aunque el diputado Héctor Feliz, representante de Pedernales, no fue reelecto en este período electoral, si estuvo involucrado en 2021 en el escándalo del caso Falcón al ser capturado transportando a uno de los principales acusados.
Féliz insistió en su inocencia y negó conocimiento de las actividades ilícitas de su acompañante.
Estos casos destacan la necesidad de hacer cumplir las leyes, y llama a evitar “hacerse los ciegos” con lo que claramente se estipula en la constitución.
