RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) calificó hoy como un atentado al libre ejercicio de la profesión del periodismo el reciente comunicado emitido por la Procuraduría General de la República.
En dicho comunicado, la Procuraduría anunció la implementación de medidas cautelares para evitar la utilización de recursos que, según ellos, obstruyen los procesos judiciales a través de los medios de comunicación.
Aurelio Henríquez, presidente del CDP, hizo un llamado al Ministerio Público para que se enfoque en su labor y permita a los periodistas desempeñar la suya. Defendió el derecho de las oficinas de abogados, empresas o cualquier individuo de contratar asesoría profesional en comunicación para expresar su versión de los hechos.
“Creemos que el Ministerio Público debe actuar con total transparencia en los procesos, pero también debe respetar el derecho de los periodistas en el ejercicio de su profesión,” declaró Henríquez. Además, exhortó a los periodistas que cubren el sector justicia a mantenerse vigilantes ante cualquier intento de limitar la libertad de informar, especialmente en casos judiciales de corrupción y otros delitos.
Henríquez enfatizó que la Constitución garantiza a los periodistas el derecho a informar sin censura por ningún poder del Estado, ya sea el Judicial, Legislativo o Ejecutivo. Añadió que el CDP se mantendrá activo y alerta ante cualquier amenaza contra la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos, quienes demandan un periodismo ético y profesional.
Reacción de la Procuraduría
Mientras que la reacción del CDP se produjo en respuesta al comunicado de la Procuraduría General, que denunció una supuesta campaña en los medios de comunicación para desacreditar los acuerdos realizados con imputados en casos de corrupción. La Procuraduría advirtió que tomará medidas cautelares para prevenir el uso de recursos ilícitos en estas campañas.
“El periodista es un profesional llamado a informar a la sociedad y de acuerdo a la Constitución tenemos derecho a jamás ser censurados por ningún poder del Estado, llámese Justicia, Legislativo o Ejecutivo,” subrayó Henríquez.
El comunicado también mencionó que imputados en casos de corrupción han intentado deslegitimar a una exempleada contratada por el Ministerio Público mediante una firma consultora externa de gestión humana. La Procuraduría aclaró que dicha exempleada, que ya no trabaja para la institución, nunca estuvo involucrada en áreas de persecución y que no ha habido acuerdos firmados con la oficina donde ella laboró.
La Procuraduría expresó que “escudarse en un micrófono para atribuir al Ministerio Público pactos con empresas con las que no ha firmado ningún acuerdo y mezclar líneas de investigación de un caso judicializado con otros en etapa de investigación, lo menos que evidencia es un nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva”. Este comunicado ha recibido el rechazo de diversas organizaciones y figuras nacionales.
