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Reforma Constitucional disminuirá independencia del Ministerio Público, aseguran fiscales

Procuraduría General / Fuente externa

RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) manifestó su preocupación respecto al proyecto de reforma constitucional que será presentado en el Congreso Nacional.

La entidad sostiene que la propuesta pretende eliminar el artículo 174 de la Constitución de la República Dominicana, el cual establece el Consejo Superior del Ministerio Público como un órgano con carácter constitucional.

Según FISCALDOM, la reforma propuesta convertiría al Consejo Superior del Ministerio Público en un órgano dependiente de una ley adjetiva, lo que podría comprometer su autonomía o incluso eliminarlo.

La organización señala que el proyecto de ley no explica las razones para esta medida, que consideran una amenaza a la independencia y autonomía logradas en años de desarrollo del Ministerio Público.

La entidad expresó su sorpresa ante la exclusión de fiscales y representantes de asociaciones de fiscales en las discusiones sobre el proyecto de ley, a pesar de la relevancia de la institución en el proceso.

FISCALDOM considera que esta reforma destruye el progreso en la autonomía del Ministerio Público y podría estar diseñada para beneficiar al actual gobierno.

El comunicado destaca que la eliminación del estatus constitucional del Consejo Superior del Ministerio Público transferiría su existencia y funcionamiento a la voluntad legislativa y partidaria, lo que representaría un retroceso significativo en términos de protección institucional.

Subrayan que el Consejo, al estar consagrado en la Constitución, disfruta de una autonomía reforzada que asegura su independencia de otras ramas del gobierno y protege la justicia de interferencias políticas.

Además, la propuesta contravendría precedentes constitucionales que han resaltado la necesidad de proteger la independencia del Ministerio Público.

La eliminación del estatus constitucional y la subordinación a la legislación ordinaria, que debilitaría las garantías necesarias para el funcionamiento eficaz del sistema persecutor y contradiría reformas procesales adoptadas en Iberoamérica.

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