RDÉ DIGITAL, CARACAS.- Fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro rodearon este viernes la embajada de Argentina en Venezuela, donde seis miembros del Comando de Campaña de la líder opositora María Corina Machado están asilados desde marzo. Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del partido Vente Venezuela (VV) y uno de los refugiados, denunció el asedio a través de su cuenta en la red social X.
“Patrullan el SEBIN y el DAET, junto a funcionarios encapuchados y armados, rodean y asedian la residencia de Argentina en Caracas”, informó Urruchurtu, quien está bajo la protección del gobierno argentino.
El régimen también ha cortado el suministro eléctrico de la sede diplomática, según denunció Omar González Moreno, miembro de la dirección nacional del partido de Machado. “Le cortaron el servicio eléctrico a la embajada argentina en Caracas, que está siendo asediada por agentes del SEBIN y otros cuerpos de seguridad del Estado”, agregó González en su cuenta en X.
Los seis opositores asilados son Magalli Meda, ex jefa de campaña presidencial; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Omar González, ex diputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV; Fernando Martínez Mottola, ex ministro y asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y Pedro Urruchurtu.
El asedio a la embajada sigue a la reciente solicitud de la Cancillería de Argentina a la Corte Penal Internacional (CPI) para emitir una orden de detención contra Nicolás Maduro y otros líderes del régimen tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El gobierno de Javier Milei calificó la situación en Venezuela como un agravamiento de la crisis y denunció posibles delitos de lesa humanidad. “La República Argentina exhorta al fiscal de la Corte Penal Internacional a solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares la emisión de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen”, señaló la Cancillería.
Además, el Ejecutivo argentino presentará el lunes una nota ante la Fiscalía, argumentando que la evidencia y los hechos posteriores a las elecciones del 28 de julio son suficientes para considerar la emisión de dichas órdenes de detención.
