RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La comisión que revisa la Ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha acordado presentar al Congreso Nacional una propuesta para modificar cinco de los 39 artículos de la ley. El objetivo es corregir “ambigüedades” señaladas por distintos sectores de la sociedad civil.
Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y vocero de la Comisión, anunció cambios en los artículos 01, 02, 09, 11 y 26. Estas modificaciones buscan aclarar que todas las acciones descritas en la ley deben estar precedidas por una orden judicial.
Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y representante del Gobierno en la Comisión, explicó que “se han hecho ajustes necesarios, especialmente en las disposiciones que implicaban autorización judicial”. Aunque la ley ya lo mencionaba en términos generales, se ha decidido especificar esta necesidad en cada artículo relevante”.
El artículo 01 de la ley establece que la DNI se creará como un órgano central del Estado para proteger la seguridad nacional y coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia. El artículo 02 aclara que la ley se aplicará en todo el territorio nacional.
El artículo 09 define las atribuciones del DNI, que incluyen investigar actividades que amenacen los intereses nacionales, las instituciones del Estado o la seguridad nacional. También permite contrarrestar actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que representen una amenaza para la seguridad y soberanía del país.
El artículo 11 exige que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas proporcionen al DNI toda la información necesaria para proteger la seguridad nacional. Además, las entidades deben permitir al DNI el acceso automatizado a datos públicos y aquellos generados mediante tecnologías y telecomunicaciones, respetando las limitaciones establecidas por la Constitución y las leyes sectoriales.
El artículo 26 impone sanciones penales, como prisión de dos a tres años y multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público, para quienes oculten información requerida por el DNI.
Peralta confirmó que las modificaciones serán sometidas al Congreso Nacional en los “próximos días”. Maldonado añadió que se informará a los legisladores sobre la importancia de mantener los acuerdos alcanzados en la Comisión.