RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) informó este jueves que solo el 50% de los diputados y senadores han comenzado el proceso de declaración jurada de patrimonio en la plataforma digital, a pesar de que el plazo vence el próximo 16 de septiembre.
De acuerdo con los datos proporcionados por la CCRD, de los 190 diputados electos, únicamente 95 han iniciado el proceso, mientras que de los 32 senadores, solo 16 han interactuado con el sistema. De estos, menos de 20 diputados y solo 4 senadores han completado la declaración, lo que significa que han notificado a la Cámara de Cuentas para su revisión.
El organismo destacó que la mayoría de estas interacciones ocurrieron a partir del 6 de septiembre, sugiriendo que la cercanía del vencimiento del plazo ha sido el principal factor motivador.
La Ley 311-14, que regula el Sistema Nacional Automatizado de Declaraciones Juradas de Patrimonio, obliga a todos los funcionarios públicos, incluidos los legisladores, a presentar un informe detallado de sus bienes. Este requisito es una de las principales medidas de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
Desde abril, la Cámara de Cuentas ha implementado 17 estaciones de trabajo con asistencia técnica y conexión a internet en todo el país, para facilitar el proceso. Además, se han realizado capacitaciones tanto presenciales como virtuales, con el objetivo de ayudar a los funcionarios a comprender el sistema y cumplir con sus obligaciones.
La CCRD recordó que las normativas para presentar las declaraciones juradas no han cambiado desde la promulgación de la Ley 311-14 en 2014 y su reglamento en 2016.
Lo que ha mejorado es la trazabilidad de la documentación, permitiendo una mayor transparencia y control en la rendición de cuentas.
En 2021, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0405/21, que subraya que la Ley 311-14 no se cumple solo con la presentación de la declaración, sino que estas deben ser verificadas para detectar irregularidades y prevenir el enriquecimiento ilícito. La Cámara de Cuentas reiteró que este proceso es una obligación inherente al cargo de cualquier funcionario público.
Con el plazo a punto de vencerse, se espera que los legisladores que aún no han iniciado o concluido su declaración lo hagan en los próximos días, cumpliendo así con las normativas de transparencia y rendición de cuentas establecidas por ley.
