RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Desde su promulgación el 15 de enero, la Ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha generado polémicas debido a varias ambigüedades en su redacción, señaladas por diferentes sectores de la sociedad dominicana.
En menos de ocho meses, el Tribunal Constitucional ha conocido y dejado en estado de fallo al menos nueve impugnaciones contra esta ley, convirtiéndola en objeto de debate público.
Uno de los artículos más controvertidos es el número 9, que otorga a la DNI amplias facultades para investigar actividades que atenten contra la seguridad nacional o el orden constitucional.
Además, el artículo 11 ha sido señalado por obligar a entidades públicas y privadas a proporcionar información a la DNI, lo que, según los querellantes, podría violar derechos fundamentales como el de la intimidad y la libertad individual, garantizados en los artículos 40 y 44 de la Constitución dominicana.
Entre los querellantes figuran organizaciones como Acción Cristiana, Juventud con una Misión (JUCUM), y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), así como partidos políticos opositores como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo.
Estas entidades consideran que las disposiciones de la ley vulneran derechos constitucionales, como la protección a la intimidad y la no injerencia en la vida privada.
Ante estas críticas, una comisión encargada de estudiar la Ley 01-24 ha propuesto modificaciones a cinco de sus 39 artículos.
Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y vocero de la comisión, afirmó que los cambios buscan corregir las ambigüedades y garantizar que la ley respete los derechos fundamentales.
El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, instó al presidente Luis Abinader a evaluar cuidadosamente las modificaciones propuestas, subrayando la importancia de que la ley no atente contra la libertad de expresión ni el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes.
“No podemos dejar en una ley nada a la interpretación”, enfatizó Henríquez.
En paralelo, el CDP firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL), con el objetivo de ofrecer becas y programas de formación profesional a periodistas y comunicadores.
