RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que la reciente designación de un nuevo alcalde en La Vega es inconstitucional, ya que no fue realizada por el concejo municipal, como exige la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios. Según el PLD, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) estaría intentando nombrar a un funcionario externo, a pesar de que ya se había designado legalmente a un sustituto del alcalde renunciante.
En su comunicado, el PLD detalló que el concejo municipal de La Vega nombró a Joel Martínez González, secretario general de la alcaldía, el pasado 22 de agosto, como lo establece el artículo 64, Párrafo II, de la Ley 176-07. Dicha norma otorga al concejo la facultad de elegir un funcionario cuando el alcalde y vicealcaldesa renuncian.
El PLD acusó al PRM de interpretar incorrectamente el Párrafo I del mismo artículo, que permite al presidente de la República designar un alcalde en caso de vacancia. El partido argumentó que esta disposición es inaplicable desde la Constitución de 2010, que eliminó la facultad del Poder Ejecutivo de llenar vacantes en sindicaturas, prevista en la Constitución de 1966.
Por lo tanto, el PLD sostiene que cualquier designación presidencial sería inconstitucional y nula de pleno derecho, ya que violaría el artículo 128.2 literal a) de la Constitución, que delimita las atribuciones del presidente. Según esta normativa, solo el concejo municipal puede nombrar al alcalde en estos casos.
El comunicado también subraya que los gobiernos locales, según el artículo 199 de la Constitución, son entidades autónomas y deben ejercer sus funciones sin interferencias externas, incluyendo la elección de sus autoridades. Esta autonomía se garantiza por el voto popular, que asegura la independencia de alcaldes y regidores.
Finalmente, el PLD reiteró su compromiso de vigilar las acciones del PRM, advirtiendo que no permitirá que se socave la institucionalidad ni el Estado de derecho en el país. Llamó al gobierno a respetar la Constitución y las leyes, ajustando sus decisiones al principio de legalidad que rige todo organismo del Estado.
