RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Durante más de una década, las autoridades dominicanas han intentado bloquear las señales telefónicas en los recintos penitenciarios para frenar los delitos que se orquestan desde las cárceles. Sin embargo, ninguno de los proyectos anunciados ha logrado su objetivo, mientras los crímenes y estafas continúan, incluso con acceso a internet satelital.
Los intentos por bloquear las señales comenzaron en 2011, cuando el entonces presidente Leonel Fernández emitió el decreto 564-11, que declaró de emergencia la adquisición de equipos para impedir el uso de teléfonos móviles en las cárceles.
Indotel fue designado para gestionar la compra de estos dispositivos, pero nunca llegaron a instalarse en los recintos penitenciarios.
En 2014, se puso en marcha el primer proyecto piloto en la cárcel del Kilómetro 15 de Azua, liderado por el entonces procurador Francisco Domínguez Brito. Se contrató a la empresa HM Consulting para la instalación del sistema de bloqueo, que operó por unos meses de manera exitosa, según el ingeniero Hiddekel Morrison, responsable del proyecto.
Sin embargo, el sistema fue saboteado por los propios reclusos, lo que llevó a su fracaso. Morrison afirmó que el proyecto representó un ahorro millonario al Estado, pues su costo fue de RD$1,200,000, en comparación con los US$12 millones que se habían cotizado en proyectos similares.
A lo largo de los años, tanto el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) como la Procuraduría General de la República, además de legisladores y hasta el presidente, han anunciado medidas y proyectos de leyes que buscan implementar bloqueadores de señales en las cárceles.
No obstante, todos los esfuerzos han fracasado o han quedado en propuestas legislativas que perimen en las cámaras.
Uno de los casos más controversiales involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien enfrenta acusaciones en la “Operación Medusa” por la compra de tres bloqueadores de señales de telefonía en 2019 y 2020, a un costo de RD$6,698,472. Según el Ministerio Público, uno de los equipos fue utilizado en una villa privada de su propiedad en Casa de Campo.
Los otros dos bloqueadores fueron empleados por el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa, en lugar de ser destinados a las cárceles, como se había previsto originalmente.
Además, Rodríguez presentó al Congreso Nacional en septiembre de 2019 un anteproyecto de ley que obligaba a las compañías de telecomunicaciones a instalar bloqueadores de señales en los centros penitenciarios.
Esta propuesta no prosperó, al igual que una iniciativa similar presentada en 2017. En febrero de 2024, el senador Cristóbal Venerado Castillo reintrodujo la pieza legislativa, pero aún no ha sido aprobada.
El más reciente anuncio sobre la implementación de un plan piloto fue realizado la semana pasada por el actual presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara. El plan, que comenzaría en el Centro de Reclusión y Rehabilitación El Pinito, en La Vega, busca reducir los delitos cibernéticos cometidos desde las cárceles.
Este centro fue intervenido en febrero de 2024 tras una ola de violencia, incluidas muertes de reclusos. A inicios de año, un narcotraficante fue envenenado y otro preso fue encontrado ahorcado, luego de ser trasladado por asesinar a una mujer.
Aunque se espera que este nuevo plan sea más efectivo, las autoridades aún no han ofrecido detalles sobre su implementación. Según el director de Prisiones, Roberto Hernández, el proyecto será financiado por el Estado a través de Indotel e incluirá cámaras de seguridad y un sistema de monitoreo constante.
Mientras tanto, los crímenes continúan. En febrero de 2024, la Dirección General de Prisiones confiscó 12 parábolas de internet satelital utilizadas por reclusos en la penitenciaría de La Victoria para cometer estafas y otros delitos virtuales.
Las denuncias de asesinatos y estafas planificadas desde las cárceles son cada vez más frecuentes, lo que evidencia la urgencia de implementar una solución efectiva para bloquear las señales y frenar los crímenes que se originan detrás de las rejas.