RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En la solicitud de audiencia para conocer la medida de coerción y la declaratoria de complejidad en el caso de la operación Camaleón, el Ministerio Público ha expuesto que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) orquestó una “estructura de corrupción” para beneficiarse económicamente. Según la acusación, esta operación se llevó a cabo a través de empresas de carpeta, las cuales recibieron contratos millonarios sin cumplir con los requisitos técnicos necesarios.
El Ministerio Público argumenta que este esquema permitió la creación de una organización criminal que involucró a funcionarios, exempleados y ciudadanos con antecedentes delictivos, quienes seleccionaron al oferente antes de que se publicara el proceso de licitación en el portal institucional.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) señala que se elaboró un “traje a la medida” para beneficiar al oferente, quien participó en la creación del pliego de condiciones y luego impugnó las decisiones del órgano de control al notificar las irregularidades del proceso.
Los implicados en este caso son Hugo Beras, exdirector ejecutivo del INTRANT; el empresario José Ángel Gómez (Jochi), Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero, así como las empresas Transcore Lata, S.R.L.; Aurix SAS e INSOPROL SRL.
El documento presentado sostiene que los acusados habrían recibido sobornos para favorecer a los implicados en este entramado, usurpando identidades de agencias de defensa y seguridad del Estado. Esto les permitió instalar cientos de cámaras en el gran Santo Domingo sin la debida autorización.
Además, se cuestiona la decisión de Hugo Beras, en su calidad de director ejecutivo del INTRANT, de confiar la red semafórica a una persona con antecedentes de uso ilícito de información, quien compartía actividades sociales y familiares con el imputado.
La PEPCA afirma que el grupo logró, en junio de 2020, un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa que les proporcionó acceso a información sensible del Estado y les permitió ingresar equipos destinados a agencias de inteligencia y defensa. También se menciona que adulteraron un arma de fuego de la que tenían licencia, transformándola en un arma de guerra.
