RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a los imputados Hugo Beras, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant); Jochi Gómez, empresario; y Pedro Vinicio Padovani, en el marco de su implicación en el entramado de corrupción relacionado con la red semafórica de Transcore Latam. Los tres fueron enviados a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.
Asimismo, la jueza Veloz impuso garantía económica e impedimento de salida a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, acusado de movilizar fondos a través de Inprosol SRL desviando dinero adjudicado a Transcore Latam SRL; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien era el titular de la Dirección Administrativa y Financiera del Intrant.
Beras, Gómez y los otros cinco imputados del caso Operación Camaleón fueron ingresados a la sala de audiencias, donde se llevó a cabo la lectura de la medida a puertas cerradas. Los imputados están vinculados a un supuesto fraude a través de un contrato de RD$1,317 millones firmado entre el Intrant y Transcore Latam para modernizar el sistema semafórico del Gran Santo Domingo.
Durante la operación Camaleón, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
En los allanamientos, se ocuparon de cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público. Por esta razón, el órgano persecutor ha calificado la operación Camaleón como una de las “más exitosas” contra el crimen organizado.
El Ministerio Público presentó, entre otras pruebas, un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo y un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. También se presentó evidencia relacionada con el sabotaje a la red semafórica en agosto, todos ellos elementos clave del proceso.
Los imputados en Operación Camaleón son investigados por conductas tipificadas en los artículos 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción); artículos 123, 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (desfalco); artículos 265 y 266 (asociación de malhechores); así como el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano.
También se les investiga por los artículos 11, 17, 27 y 28 (sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación y actos de terrorismo) de la Ley núm. 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; artículos 5, 33, 34, 35, 36 (contrabando) de la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; y artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 (lavado de activos) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; así como artículos 5, 8 letra F y 26 de la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo.
También se mencionan artículos 66, 67 y 69 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, todo esto en perjuicio del Estado dominicano.
