RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El periodista, Guillermo Gómez, afirmó que el Ministerio Público solicitó a su hijo, Jochi Gómez, que acusara al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, de recibir sobornos en relación con el caso.
Durante su programa “Aeromundo”, Guillermo explicó que Jochi fue instado a declarar que Beras había recibido millones en sobornos, pero que su hijo se negó a realizar una acusación de tal naturaleza, sosteniendo que no había ocurrido.
Guillermo Gómez enfatizó la gravedad de la situación, indicando que se le pedía a su hijo acusar falsamente a Beras, sugiriendo que, de haber existido pruebas, el Ministerio Público ya contaría con un caso sólido en su contra.
“Familia dominicana acusar a Hugo Beras de algo que no hizo… eso ocurrió antes de conocerse las medidas de coerción”, afirmó.
En el contexto del conocimiento de la medida de coerción, Guillermo narró que tres jueces penales aparecieron como “víctimas” para intimidar a la jueza, presionándola para que dictara una prisión preventiva de 18 meses.
Esta situación ha llevado a Guillermo a sostener que, a pesar de que su hijo debe responder ante la justicia, el Ministerio Público quedará desacreditado tras el proceso.
En relación al caso, el pasado viernes la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso 18 meses de prisión preventiva a Jochi Gómez y Hugo Beras, quienes son considerados los principales acusados en el Caso Camaleón.
El expediente judicial los vincula a una red de corrupción y crimen organizado, que abarca delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad, todos relacionados con la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El Ministerio Público ha presentado diversas pruebas, incluyendo un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización y un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, que supuestamente fue utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia y defensa del Estado.
Además, se ha presentado evidencia relacionada con el sabotaje a la red semafórica en agosto, elementos que son considerados clave para el desarrollo del proceso judicial.
