RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El economista Guillermo Caram, exgobernador del Banco Central de la República Dominicana, señaló que tras el retiro del proyecto de reforma tributaria de «modernización fiscal», el gobierno no tiene otra opción que reducir el gasto público para enfrentar el déficit.
Caram explicó que el proyecto buscaba generar RD$ 122 mil millones en ingresos adicionales, equivalentes al 9 % de los gastos corrientes consolidados en el presupuesto de 2025, que ascienden a RD$ 1,329 millones. Ahora, sin esa fuente de ingresos, será necesario ajustar el gasto para mantener el equilibrio fiscal.
Según el economista, si no se reduce el gasto corriente, el gobierno tendría que recurrir a opciones menos sostenibles, como reducir el gasto de capital o aumentar el endeudamiento.
Caram advirtió que una disminución del gasto de capital afectaría negativamente el acervo productivo del país, el cual ya ha sido reducido en un 88 % según lo proyectado para 2024. También señaló que aumentar el endeudamiento, proyectado en US$ 5,850 millones para 2025, no es una solución viable dada la elevada deuda actual.
Caram destacó la importancia de que el gobierno recupere la «autoridad moral» para proponer nuevas imposiciones fiscales, lo cual, según él, no es posible mientras se mantengan gastos excesivos y superfluos.
«Se carece de autoridad moral para proponer nuevas imposiciones frente a gastos excesivos, superfluos y carentes de prioridad», indicó. Agregó que una reducción adecuada del gasto público podría tener el mismo impacto fiscal que la reforma retirada.
Propuestas de reducción del gasto
Para enfrentar esta situación, Caram sugirió una serie de medidas que permitirían reducir el gasto corriente del gobierno en un 9 %, logrando así los objetivos fiscales sin necesidad de nuevos impuestos. Entre las 15 propuestas que mencionó, destacan:
1. Congelar puestos y salarios: Caram sugirió congelar tanto los sueldos como las remuneraciones complementarias, como viáticos, gastos de representación, uso de vehículos y tarjetas de crédito, y la celebración de eventos en hoteles de lujo. Además, sugirió reducir la publicidad gubernamental y las invitaciones de artistas a eventos organizados por las instituciones públicas.
2. Evaluación de desempeño del personal: Propuso que cada institución realice una evaluación de desempeño en un plazo de tres meses, de acuerdo con la Ley 87-01, para determinar la permanencia o desvinculación de empleados, mejorando así la eficiencia del gasto en personal.
3. Reducción opcional de la jornada laboral: Planteó la posibilidad de reducir la jornada laboral a cuatro días, acompañada de una disminución salarial del 9 %, lo que implicaría un aumento salarial del 11 % para los empleados que acepten esta opción.
4. Reestructuración de subsidios: Caram sugirió reformular los subsidios sociales, convocando a los beneficiarios a justificar la necesidad de seguir recibiendo ayudas a través de un formulario diseñado para evaluar sus necesidades. También propuso eliminar los subsidios a personas que perciban ingresos superiores al costo de la canasta familiar y otorgar los subsidios de manera directa, eliminando intermediarios.
5. Reubicación de organismos descentralizados: Caram propuso que los organismos descentralizados que dependan en un 50 % o más de las transferencias corrientes del presupuesto, se sometan a una disciplina financiera más estricta. Si no cumplen, deberían perder su autonomía y ser reubicados bajo la administración del gobierno central.
6. Ajustes en los municipios: Sugirió que los Ayuntamientos se ajusten a la Ley 176-07, que regula la proporción entre gastos corrientes e inversiones. La Liga Municipal Dominicana (LMD) debería retener las asignaciones de los municipios que no cumplan esta disposición hasta que corrijan su situación.
7. Transparencia en las compras gubernamentales: Caram instó a mejorar la transparencia en las compras gubernamentales y eliminar la nebulosa partida de «otros», la cual, según él, es altamente susceptible a prácticas corruptas.
8. Eliminación de asignaciones a partidos políticos: En un esfuerzo por reducir gastos innecesarios, propuso eliminar las asignaciones presupuestarias a los partidos políticos, lo que ayudaría a liberar fondos para áreas más prioritarias.
9. Reducción de las transferencias a empresas eléctricas: Caram también sugirió exigir a las empresas eléctricas un plan de reducción de gastos en un plazo de tres meses, con el objetivo de disminuir en un 50 % las transferencias de fondos del Poder Ejecutivo. Entre las opciones propuestas están la eliminación y fusión de empresas eléctricas, y la privatización de sus servicios siguiendo un esquema de integración regional y vertical.
Marco legal para la reducción de gastos
Caram respaldó su propuesta en la Ley Orgánica de Presupuesto, destacando el Artículo 44, que establece que las apropiaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso son el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de ingresos.
El Artículo 46 también estipula que los organismos públicos deben programar la ejecución financiera de sus presupuestos, lo que el Artículo 47 califica como «presupuesto de caja», permitiendo ajustes según las necesidades del país.
El economista concluyó que la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES) está en capacidad de exigir a todas las entidades públicas la preparación de un presupuesto de caja con una reducción del 9 % en sus gastos de funcionamiento, lo cual podría contribuir significativamente al equilibrio fiscal del país sin necesidad de nuevos impuestos ni endeudamiento adicional.
