RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Un articulo publicado en el periodico BCC News Mundo, titulado «Se lo llevaron como a un animal»: la deportación «a gran escala» de haitianos en República Dominicana y las críticas que despierta», destaca que la situación migratoria en la República Dominicana ha alcanzado un punto crítico, tras el anuncio del gobierno el 2 de octubre de un plan que prevé la repatriación de hasta 10,000 indocumentados por semana.
Esta medida, presentada como un «plan de ejecución inmediata», tiene como objetivo «reducir el exceso de población migrante» en las comunidades dominicanas, donde se estima que residen más de 500,000 haitianos, una cifra considerable en un país con una población total de 11.2 millones.
Escenas de caos y detenciones masivas
Desde la implementación de este plan, se han intensificado los operativos de repatriación en diferentes zonas del país, lo que ha desatado escenas de pánico en las calles. Videos que circulan en redes sociales muestran a soldados persiguiendo a ciudadanos que intentan huir por los tejados, mientras otros se agrupan en portales, gritando alertas de «¡Migración!».
En una jornada, el 7 de octubre, las autoridades realizaron más de 1,100 detenciones en diversas áreas de Santo Domingo y sus alrededores, un aumento significativo en comparación con los niveles anteriores de deportación.
La presión sobre los haitianos se ha vuelto insostenible. Denise Pichardo, directora de la ONG Caminante, que trabaja con niños migrantes, reporta que muchos haitianos están viviendo en la clandestinidad por miedo a ser detenidos, incluso aquellos con documentación que se encuentra en regla.
«Los están llevando hasta a los que tienen pasaporte o permiso de residencia», aseguró Pichardo, describiendo un clima de desamparo total.
Impacto y preocupaciones sobre los derechos humanos
Este plan de deportación no solo tiene implicaciones en la vida de los migrantes haitianos, sino que también ha suscitado reacciones enérgicas tanto dentro como fuera del país.
Organismos internacionales, incluidas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varias ONGs locales, han expresado su preocupación, argumentando que las deportaciones masivas contravienen las normas internacionales de derechos humanos.
La CIDH recordó que el Estado dominicano tiene la obligación de proteger a quienes buscan asilo y debe evitar las expulsiones colectivas.
Desde el gobierno de Haití, la ministra de Exteriores, Dominique Dupuy, calificó las deportaciones de «brutales» y «deshumanizantes».
La preocupación se centra en el contexto actual de Haití, un país sumido en una profunda crisis política y social, marcado por la violencia de pandillas y la falta de seguridad. Con más de 3,600 personas muertas en el primer semestre de 2024 a causa de la violencia, el regreso a Haití se percibe como una sentencia a una situación insostenible.
El presidente Luis Abinader ha justificado el endurecimiento de la política migratoria, argumentando que la crisis en Haití ha generado una presión significativa en la República Dominicana.
En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, mencionó que el 12 % de los servicios de salud pública en el país fueron utilizados por inmigrantes haitianos en 2023, lo que indica una carga considerable sobre los recursos del estado.
La estrategia del gobierno no solo incluye deportaciones, sino también el incremento de la presencia militar en la frontera y el levantamiento de un muro de 165 kilómetros entre ambas naciones.
A pesar de la creciente presión internacional para que se detengan las deportaciones, Abinader se ha mantenido firme en su enfoque, alegando que es una respuesta a la lentitud de la comunidad internacional para abordar la crisis humanitaria en Haití.
Reacciones en la sociedad dominicana
Mientras el gobierno defiende su estrategia, la sociedad dominicana está dividida. En días recientes, se han llevado a cabo manifestaciones en Santo Domingo, organizadas por grupos que exigen un enfoque más enérgico frente a la migración haitiana.
En estas protestas, se han visto pancartas con mensajes que instan a “menos palabras y más acción”, reflejando la frustración de algunos sectores que sienten que la llegada masiva de haitianos está afectando sus oportunidades laborales y sociales.
Sin embargo, voces en contra de esta retórica han surgido, argumentando que simplificar el fenómeno migratorio a una “invasión” oculta problemas estructurales más profundos en la economía dominicana y deshumaniza a las personas que huyen de situaciones extremas en su país de origen.
La realidad del retorno a Haití
Activistas y organizaciones que trabajan con migrantes advierten que la política de deportaciones no solo es ineficaz, sino que podría empeorar la situación.
Muchos deportados regresan a Haití solo para intentar cruzar nuevamente a República Dominicana, a menudo pagando más por hacerlo.
La situación en Haití es crítica, con reportes de que más de 5.4 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria extrema.
El Programa Mundial de Alimentos ha alertado sobre las graves crisis que afectan a la población, lo que complica aún más la posibilidad de retorno seguro y digno para quienes son deportados.
Mirando hacia el futuro
La implementación de este plan de deportaciones masivas ha llevado a un punto de inflexión en la política migratoria de República Dominicana.
Mientras las autoridades insisten en que las acciones se realizan en cumplimiento de las normas internacionales y con respeto a la dignidad de las personas, la realidad sobre el terreno presenta un panorama de miedo y desconfianza.
Las críticas continúan y el llamado de organismos internacionales a la responsabilidad en el tratamiento de los migrantes haitianos se vuelve más urgente.
En un contexto donde la violencia y la desesperación en Haití no muestran signos de disminuir, el futuro de miles de haitianos que buscan refugio en República Dominicana sigue siendo incierto, alimentando un ciclo de migración que requiere una atención y respuesta global más compasiva y efectiva.
