RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En la última década, la justicia avanzó para facilitar el acceso a personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Aunque persisten desafíos, el sistema judicial ha logrado avances notables en inclusión y accesibilidad, acercándose a estos sectores.
Según datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), el país cuenta con 140,980 personas con discapacidad, una población que ha enfrentado barreras arquitectónicas, actitudinales y comunicacionales en su acceso a la justicia.
Una evaluación de 2020, realizada por la consultora Dominican Access en 30 sedes judiciales, reveló que solo dos contaban con accesibilidad alta y tres con accesibilidad nula.
En respuesta, el Poder Judicial implementó en su Plan Estratégico Institucional 20-24 diversas acciones para reducir estas barreras, logrando que el 87 % de los palacios de justicia ahora cuenten con rampas y el 63 % con baños accesibles.
La magistrada Nancy Salcedo Fernández, coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, destacó el compromiso de la institución en facilitar el acceso a la justicia para personas en situaciones vulnerables y con discapacidad.
Desde 2016, el Poder Judicial ha realizado programas de capacitación para sensibilizar al personal judicial, con más de 2,060 empleados y jueces capacitados en los últimos cuatro años, según datos de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
Certificación de intérpretes de lengua de señas
Entre los esfuerzos para superar las barreras comunicacionales, el Poder Judicial, en conjunto con el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), ha certificado a 42 intérpretes judiciales de lengua de señas, de los cuales 15 están registrados oficialmente.
Apoyo a grupos vulnerables y víctimas de violencia
La Procuraduría General de la República, a través de su Departamento de Derechos Humanos y la Unidad de Reinserción de Repatriados, también prioriza el trato a personas vulnerables.
Danissa Cruz, directora de estos departamentos, señaló el compromiso del Ministerio Público en ofrecer protección y representación adecuada a estos grupos.
Como parte de las medidas implementadas, los centros de entrevistas, distribuidos en 15 sedes judiciales, permiten a personas vulnerables declarar sin sufrir victimización secundaria, utilizando cámaras de Gesell y circuitos cerrados de televisión.
Entre 2023 y 2024, se han registrado 4,264 declaraciones en estos centros, principalmente de niñas, niños y adolescentes.
