RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Varios abogados constitucionalistas consultados han expresado su preocupación por la reciente circular del Ministerio de Administración Pública (MAP), que solicita a las instituciones gubernamentales recopilar información sobre el pago de servicios de electricidad y agua de sus empleados. Los expertos sostienen que esta disposición carece de fundamento legal y viola el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 44 de la Constitución dominicana.
El abogado constitucionalista Juan Castillo Pantaleón explicó que ni la Ley Orgánica de Administración Pública (No. 247-12) ni la Ley de Función Pública (No. 41-08) imponen a los servidores públicos la obligación de informar sobre sus pagos personales de servicios.
“Los deberes sancionables del servidor público están exclusivamente relacionados con el desempeño de sus funciones. Pagar o no la factura de electricidad en su hogar no es competencia de la administración pública”, detalló Castillo Pantaleón.
Además, enfatizó que la circular no aclara cuál sería el propósito final de los datos recopilados, dejando un vacío en términos de privacidad y uso de la información personal de los empleados.
Cirilo Guzmán, otro experto en derecho constitucional, coincidió en que el MAP se extralimitó con esta instrucción y planteó que la supervisión de estos pagos corresponde a las empresas distribuidoras de electricidad y agua. “Incluso siendo empleados del Estado, los ciudadanos tienen derecho a mantener su vida privada.
El Estado no tiene por qué intervenir en su información personal, a menos que medie una causa justificada, como un préstamo que garantice el pago de esas facturas”, explicó Guzmán.
Agregó que las compañías de servicios públicos poseen mecanismos independientes para gestionar el cobro o cortar el suministro en caso de falta de pago, sin necesidad de involucrar a las instituciones gubernamentales.
La circular, emitida el pasado miércoles por el MAP, instruye a las direcciones de recursos humanos a realizar un levantamiento en un plazo de 15 días laborables, requiriendo detalles sobre el estado de los contratos de servicios de electricidad y agua de los empleados del Estado.
En caso de que estos servicios no estén a nombre del trabajador, deben indicar el familiar que figura como titular de las facturas. Según el MAP, la medida busca actualizar la base de datos institucional y mejorar la gestión de servicios públicos.
En defensa de la medida, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el titular del MAP, Sigmund Freund, utilizaron sus cuentas en la red social X para expresar su postura.
Paliza indicó que los funcionarios públicos deben dar el ejemplo a la ciudadanía honrando sus obligaciones con los servicios públicos.
Freund, por su parte, afirmó que la circular pretende mejorar la planificación administrativa, asegurando que “la disciplina empieza en casa”, y que es deber del gobierno ser el primer en cumplir las obligaciones que demanda de los ciudadanos.
Desde la oposición, José Dantés, encargado de asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó la disposición como una “injerencia inadmisible” que irrespeta la dignidad de los servidores públicos y ejerce una presión innecesaria sobre aquellos con menores recursos económicos.
“Este tipo de medidas viola derechos fundamentales y obliga a los servidores públicos a buscar la manera de reportar estos pagos, bajo el temor de posibles represalias laborales. No es más que una vulneración del derecho a la intimidad y al honor personal, valores que el Estado debería proteger en lugar de violar”, puntualizó Dantés.
Además, el artículo 44 de la Constitución dominicana establece que la vida privada y familiar de los individuos es inviolable, y que las autoridades no pueden interferir en ella sin una orden judicial o una causa justificada.
