RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Recientes contratos de alquiler firmados por varias instituciones del Estado dominicano en el sector de oficinas han desatado una ola de críticas en diversos sectores de la sociedad.
Entre los acuerdos más polémicos destaca uno por RD$1,440 millones durante diez años, firmado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) con Inmobiliaria Reservas y AFI Reservas para la renta del edificio Vista 311 en el Distrito Nacional.
Asimismo, la Dirección General de Pasaportes también firmó un contrato de alquiler por RD$696,930,106.86 por cinco años, con opción a compra.
El contrato de OGTIC ha sido particularmente señalado. Bartolomé Pujals, director de la entidad, defendió el acuerdo en una rueda de prensa el martes pasado, argumentando que se trata de una operación “llave en mano” que no solo cubre el alquiler, sino también la adecuación y mantenimiento del inmueble, lo que, según él, representa una opción más beneficiosa que adquirir el edificio.
Pujals destacó que esta estrategia busca contar con una sede moderna sin comprometer recursos a largo plazo para el mantenimiento.
Sin embargo, estas explicaciones no lograron calmar a los críticos. El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Máximo Calzado Reyes, calificó el contrato como “un escándalo sin precedentes” y lo consideró un gasto “astronómico, absurdo y abusivo”, especialmente en tiempos en que el presidente Luis Abinader promueve políticas de austeridad.
Además, Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), demandó una investigación exhaustiva sobre el acuerdo, calificando el hecho como “escandaloso”.
La comunicadora Rosa Encarnación también se sumó a las críticas, cuestionando la reciente licitación de más de RD$1.4 millones por muebles y artículos de oficina, a pesar de que Pujals aseguró que el inmueble estaba completamente amueblado.
Por su parte, el contrato de la Dirección General de Pasaportes, que también involucra grandes sumas de dinero, ha sido objeto de cuestionamientos, principalmente en las redes sociales, donde los ciudadanos han expresado su desconcierto ante lo que califican como un “festival de alquileres”.