RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS (EFE).- Los planes de deportación masiva del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían desencadenar una recesión económica de gran magnitud, debido a la dependencia de sectores clave como la construcción en la mano de obra indocumentada, según expertos y estudios recientes de American Immigration Coalition y la organización Workers Defense.
Trump, quien centró su campaña en la expulsión de los aproximadamente 11 millones de indocumentados en EE.UU., señaló que esta medida ayudaría a combatir el crimen y preservar los intereses del país.
Sin embargo, el análisis de la American Immigration Coalition advierte que la pérdida de millones de trabajadores indocumentados podría reducir el Producto Interno Bruto (PIB) anual entre un 4,2 % y un 6,8 %, lo que se traduciría en una caída de hasta 1,7 billones de dólares al año, superando el impacto de la Gran Recesión de 2007-2009.
El estudio revela que California, Texas y Florida, los estados con mayor número de inmigrantes indocumentados, serían los más afectados.
Solo en Texas, se estima que más del 50 % de los trabajadores de la construcción carecen de un estatus migratorio legal, sector que representa uno de cada veinte dólares en la economía estatal.
La colaboración prometida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en los planes de deportación de Trump podría tener consecuencias significativas para la industria, lo que generaría aumentos en los costos y una desaceleración de proyectos clave.
Juan Carlos Cerda, director en Texas de American Business Immigration Coalition, advirtió que una reducción masiva de trabajadores indocumentados sería devastadora para la construcción, un motor económico clave del estado.
“Si el estado decide colaborar, estaría afectando su propia economía. Los proyectos se ralentizarían y los costos aumentarían, afectando el crecimiento de Texas”, sostuvo Cerda.
Además del impacto económico, se destaca el efecto social: más de 5,6 millones de personas en Texas viven en familias de “estatus mixto”, donde al menos uno de los miembros no es ciudadano estadounidense. Christine Bolaños, directora de comunicaciones de Workers Defense Project Texas, señaló que las deportaciones afectarían no solo la economía, sino también la cohesión social. “Perder a los trabajadores inmigrantes sería una gran pérdida para el tejido social y económico de nuestro estado”, afirmó.
La implementación de estos planes podría no solo alterar el crecimiento de sectores económicos estratégicos en EE.UU., sino también generar un complejo reto para el Gobierno federal y los estados en términos de costos y logística, además de intensificar las tensiones sociales en las comunidades afectadas.
