RDÉ DIGITAL, CARACAS.-El gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado este sábado la excarcelación de presos políticos que participaron en las protestas contra el fraude electoral ocurrido el 28 de julio en Venezuela. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, confirmó que las liberaciones se iniciaron en las primeras horas del día. Hasta el momento, 10 personas han sido liberadas del centro penitenciario Yare III, y se están llevando a cabo procedimientos similares en las cárceles de Tocorón y Las Crisálidas.
Romero detalló que las liberaciones están en curso, y se espera que más detenidos sean excarcelados en las próximas horas. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) también reportó excarcelaciones en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas Las Crisálidas, aunque sin especificar un número exacto. Las mujeres liberadas recibieron medidas cautelares.
Este proceso de liberación sigue a la muerte de Jesús Manuel Martínez Medina, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Estado de Anzoátegui. Martínez, quien padecía diabetes y problemas cardíacos, fue arrestado el 29 de julio en su domicilio sin orden de allanamiento ni justificación legal. La dirigente opositora María Corina Machado denunció que Martínez fue trasladado a calabozos en condiciones infrahumanas, lo que agravó su salud, sufriendo necrosis en ambas piernas. Además, Machado aseguró que sufrió malos tratos durante su detención.
Tras confirmarse la muerte de Martínez, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció que la Fiscalía ha solicitado la revisión de cientos de casos de opositores detenidos tras las protestas de julio. Saab indicó que se han solicitado 225 revisiones de medidas judiciales de los procesados por los hechos ocurridos tras las elecciones, aunque no detalló el proceso que se llevará a cabo.
En un comunicado, Saab afirmó que esta acción refleja el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos, y subrayó la importancia de garantizar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia según lo establecido en la Constitución.
Las protestas surgieron tras las controvertidas elecciones del 28 de julio, en las que la oposición denunció que Edmundo González Urrutia había ganado, mientras que el oficialismo proclamó a Nicolás Maduro como ganador sin presentar pruebas. Esto generó manifestaciones en varias ciudades del país, donde los ciudadanos exigieron respeto por su voluntad electoral y rechazaron la reelección de Maduro. La represión de las protestas fue violenta, con decenas de arrestos de opositores y simpatizantes.
