RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El coordinador general de Participación Ciudadana, doctor Erick Hernández Machado, expresó su creciente preocupación por el elevado costo de los alquileres de bienes inmuebles destinados a albergar instituciones del Estado, señalando que este gasto no solo es una cuestión económica, sino también un tema de falta de regulación legal.
En entrevista con el periodista Federico Méndez, Hernández Machado instó a que se implementen criterios de razonabilidad y proporcionalidad en los procedimientos de arrendamiento, para garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.
El activista de la sociedad civil subrayó que el Estado debe considerar la viabilidad económica de los alquileres, tomando en cuenta el costo de adquisición y el mantenimiento de los inmuebles. Asimismo, señaló que la ausencia de normativas claras en este ámbito pone en evidencia un vacío legal, lo que podría generar futuros cuestionamientos sobre el destino de los fondos públicos.
“Es un tema económico y no solo jurídico. El gasto en alquileres debe ser racionalizado, especialmente en un contexto donde se discuten reformas fiscales y propuestas de reducción del tamaño del Estado”, dijo Hernández Machado. Aseguró que, para evitar que estos gastos sean percibidos como innecesarios o poco transparentes, es fundamental que se evalúen opciones más económicas y rentables.
Por otro lado, el coordinador de Participación Ciudadana también se mostró preocupado por la duración de los procesos penales en casos de presunta corrupción. Aseguró que el límite de cuatro años para estos procesos podría llevar a la extinción de casos emblemáticos si no se dictan sentencias a tiempo. Hernández Machado expresó su temor de que la proactividad del Ministerio Público y la colaboración de los jueces no sean suficientes para asegurar que los casos lleguen a una resolución antes de que expiren los plazos procesales.
“La lucha contra la corrupción debe ser constante y no negociable. Es esencial que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas, y que los procesos judiciales no se vean afectados por la duración excesiva de los procedimientos”, concluyó.
