RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El alquiler de inmuebles por parte del Estado sigue siendo una necesidad presupuestaria debido a la insuficiencia de edificaciones propias para alojar sus oficinas administrativas. En 2024, el Gobierno destinó RD$3,587.1 millones a este concepto, un 18.8% más que en 2019, cuando se asignaron RD$3,018.2 millones, según cifras de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
El patrón del gasto: un crecimiento constante
Durante la gestión del presidente Luis Abinader (2020-2024), el gasto en alquileres ha aumentado a un ritmo promedio anual de RD$97.3 millones. En 2020, el desembolso fue de RD$3,197.9 millones, pasando a RD$3,289.4 millones en 2021, RD$3,380.1 millones en 2022 y RD$3,482.2 millones en 2023.
Este ritmo, aunque significativo, es inferior al registrado entre 2014 y 2019, cuando el gasto creció en promedio RD$149.4 millones anuales. En ese período, se produjeron incrementos bruscos, como el de RD$439.4 millones entre 2016 y 2017, cifras que no fueron detalladas en los informes de la Digepres y que podrían responder a ajustes por inflación, devaluación o pagos atrasados.
Cambios en los procesos desde 2020
Carlos Pimentel, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), subrayó que a partir de 2020 los procesos de alquiler se regularizan bajo la Ley 340-06, buscando mayor transparencia. “Antes de esta fecha, todos los procesos estaban fuera del marco legal”, explicó Pimentel en una entrevista en el programa El Despertador.
Las modalidades de contratación actuales se dividen en:
- Exclusividad: Para inmuebles que cumplen requisitos específicos, como ubicación, tamaño y capacidad, en zonas previamente delimitadas.
- Proveedor único: Aplica cuando solo un inmueble reúne las características deseadas, sin opciones competitivas cercanas.
Contratos bajo la lupa
Los contratos más recientes incluyen los de la Oficina de Tecnología de la Información y la Dirección General de Pasaportes, con períodos de 10 y cinco años, respectivamente. Sin embargo, la DGCP ha emitido nuevas directrices que prohíben la renovación automática de contratos, obligando a las instituciones a iniciar nuevos procesos de contratación al término de los acuerdos actuales. (Fuente: El Dinero)
