RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció que la implementación de bloqueadores de señales en cárceles se concentrará inicialmente en cuatro centros penitenciarios, dejando temporalmente fuera a la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Según Guido Gómez Mazara, presidente de Indotel, esta decisión obedece a razones técnicas y logísticas, ya que se trabaja en un plan alternativo para La Victoria debido al inminente traslado de la mayoría de sus reclusos a la nueva cárcel de Las Parras, cuya inauguración está prevista para marzo de 2025.
El programa, que busca impedir el uso de dispositivos móviles para actividades ilícitas dentro de los recintos penitenciarios, se aplicará inicialmente en:
- Cárcel 15 de Azua.
- Centro de Corrección y Rehabilitación de Higüey.
- El Pino, en La Vega.
- Rafey Hombres, en Santiago.
Estos centros fueron seleccionados por su ubicación, ya que no están rodeados por comunidades densamente pobladas, evitando que el funcionamiento de los bloqueadores afecte a la población cercana.
Gómez Mazara destacó que el caso de La Victoria requiere un enfoque distinto, debido a su alta densidad poblacional y la complejidad de su entorno urbano. “El proyecto técnico aquí es diferente, ya que el bloqueador podría impactar a los residentes cercanos”, afirmó.
Sin licitación y con financiamiento aprobado
El presidente de Indotel indicó que el proyecto no pasará por un proceso de licitación. En su lugar, el organismo destinará 300 millones de pesos a la Procuraduría General de la República para financiar la instalación de los bloqueadores. Este acuerdo fue notificado al director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.
La medida busca reducir el 85 % de las llamadas fraudulentas provenientes de las cárceles, según un informe reciente. Estas llamadas afectan tanto a ciudadanos como a empresas, y el uso de bloqueadores es considerado un paso crucial para combatir el crimen organizado que opera desde los recintos penitenciarios.
Gómez Mazara también enfatizó que la selección de las cárceles puede ajustarse según las sugerencias de la Procuraduría General de la República, demostrando apertura para garantizar la eficacia del plan en beneficio de la seguridad nacional.
