RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC), mediante la sentencia TC/0767/24, emitida el 6 de diciembre de 2024, declaró no conforme con la Constitución la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta decisión responde a una acción directa de inconstitucionalidad presentada el 18 de marzo de 2024 por los partidos Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD).
La alta corte determinó que la Ley 1-24 infringió el artículo 112 de la Constitución, que regula el procedimiento para la aprobación de las leyes orgánicas. Según el TC, dicha normativa, por su naturaleza, debió ser tratada como una ley orgánica, ya que regula aspectos relacionados con la seguridad nacional y la defensa del Estado, áreas que requieren un tratamiento especial según la Carta Magna.
Fundamentos de la decisión
El Tribunal Constitucional argumentó que para que una ley sea considerada orgánica no basta con abordar una de las materias especificadas en el artículo 112 de la Constitución ni con ser aprobada por una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes en cada cámara legislativa. Es imprescindible que la ley consigne de manera expresa su carácter orgánico tanto en su título como en las convocatorias para su discusión y aprobación, algo que no ocurrió con la Ley 1-24.
La sentencia subraya que ni en el título de la ley ni en las actas del Congreso Nacional se estableció su naturaleza como ley orgánica. Este incumplimiento técnico y de forma legislativa fue decisivo para que el Tribunal acogiera la acción de inconstitucionalidad.
Repercusiones políticas y jurídicas
Con esta decisión, el Tribunal reafirma la importancia del cumplimiento riguroso de los procedimientos legislativos, especialmente en normativas que impactan áreas sensibles como la seguridad nacional. La sentencia también pone en evidencia la responsabilidad del Congreso Nacional en garantizar la correcta categorización y tratamiento de las leyes que aprueba, en línea con los requisitos constitucionales.
El fallo marca un precedente sobre la interpretación del artículo 112 de la Constitución y destaca la relevancia de la transparencia y precisión en los procesos legislativos.
Antecedentes
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por tres fuerzas políticas: Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, quienes argumentaron que la Ley 1-24 violaba el marco constitucional al ser aprobada como una ley ordinaria, a pesar de que regula aspectos esenciales de la seguridad del Estado.
La sentencia del TC llega en un contexto de debates sobre la necesidad de revisar las leyes relacionadas con la seguridad nacional para garantizar su adecuación al ordenamiento jurídico vigente.
Este fallo refuerza el papel del Tribunal Constitucional como garante de la supremacía de la Constitución y de la correcta aplicación de las normas que rigen el Estado de derecho en la República Dominicana.
