RDÉ DIGITAL , SANTO DOMINGO.– Tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) destacaron la necesidad de elaborar una nueva normativa que respete los derechos fundamentales.
El presidente de la SDD, Persio Maldonado, señaló que el Gobierno debe “abocarse a una nueva ley ajustada a la Constitución” y expresó su disposición a colaborar en la redacción. Maldonado subrayó que la ley anulada permitía que la DNI accediera a información de los ciudadanos sin autorización judicial y destacó que no se aprobó como orgánica, a pesar de su impacto en la seguridad nacional y los derechos fundamentales.
Reacciones desde el gremio periodístico
Aurelio Henríquez, presidente del CDP, calificó la decisión del TC como una “victoria para la defensa de los derechos fundamentales”. Indicó que el fallo confirma las denuncias realizadas por periodistas y sectores sociales, quienes advirtieron sobre las vulneraciones que contenía la ley, entre ellas la libertad de expresión, el secreto profesional y la privacidad de las comunicaciones.
“El Gobierno debe priorizar una ley moderna, transparente y respetuosa de la Constitución. “Desde el CDP estamos listos para aportar nuestra experiencia en este proceso”, agregó Henríquez.
Críticas y artículos vulnerados
La Ley 1-24 fue duramente cuestionada desde su promulgación. Entre los artículos de la Constitución afectados, el fallo destacó:
- Artículo 44: Derecho a la privacidad y al secreto de las comunicaciones.
- Artículo 69: Garantías del debido proceso.
- Artículo 112: Procedimiento obligatorio para leyes orgánicas.
El artículo 11 de la ley generó especial polémica al obligar a entidades públicas y privadas a entregar información a la DNI sin controles judiciales, lo que representaba una amenaza directa a la privacidad y la libertad de expresión.
Proceso para una nueva ley
El 11 de septiembre pasado, tras meses de trabajo, sectores del periodismo, la sociedad civil y el Gobierno consensuaron una propuesta de reforma. El proyecto, que incluía modificaciones clave como la exigencia de autorización judicial para limitar derechos constitucionales, fue sometido al Senado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
Persio Maldonado afirmó que la anulación deja lecciones para el futuro: “El país necesita un sistema de seguridad efectivo, pero sin comprometer las libertades básicas. “De los tropiezos se aprende más que de las victorias”.
Opiniones de otros sectores
Figuras públicas como el exdiputado Pelegrín Castillo y el jurista Hotoniel Bonilla coincidieron en la importancia de crear una ley que respete el marco constitucional. El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, celebró la decisión del TC y advirtió que actividades realizadas bajo la ley anulada podrían ser cuestionadas judicialmente.
El fallo del TC reafirma el compromiso con la protección de los derechos fundamentales y sienta un precedente para la creación de legislaciones que fortalezcan la democracia sin transgredir la Constitución.
