RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el artículo 291 del Código Procesal Penal, el cual otorgaba al Ministerio Público la potestad de mantener la discrecionalidad sobre la entrega de documentos y experticias relacionadas con las investigaciones. La decisión fue unánime, y el TC determinó que este artículo contravenía los principios constitucionales de transparencia y debido proceso.
El artículo en cuestión estipulaba que, en ausencia de una solicitud de medida de coerción o de un anticipo de pruebas contra un imputado, el Ministerio Público podía decidir mantener en secreto total o parcial sus actuaciones, siempre que lo considerara necesario para el éxito de la investigación.
A raíz de esta sentencia, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó que el Ministerio Público deberá entregar las carpetas y documentos que sean solicitados por un imputado o investigado. Aunque el dispositivo menciona un plazo de un año, la sentencia tiene un efecto inmediato. Castaños Guzmán señaló que la decisión establece una distinción clara entre imputado e investigado, un aspecto que el artículo 291 confundía, y aseguró que esta resolución cambiará las prácticas del Ministerio Público.
En otro ámbito, Castaños Guzmán también expresó su preocupación por el desorden causado por los motociclistas en las calles, lo cual afecta la seguridad ciudadana. Llamó a las autoridades a tomar medidas más drásticas para regular el manejo temerario de los conductores de motocicletas y sugirió que el Congreso Nacional podría adoptar leyes que aborden esta problemática.
El vicepresidente de Finjus señaló que el desorden de los motociclistas representa un costo significativo para el Estado, estimado entre el 1 % y el 2 % del Producto Interno Bruto. Aseguró que la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre debe fiscalizar entre 50,000 y 60,000 motoristas diariamente como parte de los esfuerzos gubernamentales para resolver esta situación.
Castaños Guzmán subrayó que este desorden afecta la calidad de vida de todos los ciudadanos y afirmó que, a pesar de las implicaciones políticas, el presidente Luis Abinader tiene la capacidad para abordar y solucionar este problema antes de las elecciones de 2028.
Por último, el ejecutivo de Finjus opinó sobre la importancia de seleccionar a personas con experiencia de Estado para ocupar cargos como los de la Cámara de Cuentas y la Procuraduría General de la República. Castaños Guzmán resaltó que estos cargos deben ser ocupados por individuos capaces de garantizar la correcta aplicación de las leyes y el fortalecimiento de las instituciones del país.
