RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) advirtió este miércoles al Congreso Nacional sobre los riesgos legales y operativos que conllevaría aprobar sin modificaciones el Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, actualmente en estudio en la Cámara de Diputados.
En una comunicación formal dirigida al diputado Amado Díaz Jiménez, presidente de la Comisión Especial que analiza la pieza legislativa, la ABA expresó su preocupación por disposiciones que, a su juicio, afectan principios fundamentales del derecho privado y económico, y obligarían a las entidades bancarias a recibir y gestionar garantías de contratos de alquiler.
Bancos rechazan obligación de administrar garantías
La misiva, firmada por la presidenta ejecutiva de la ABA, Rosanna Ruiz, sostiene que la propuesta legislativa convierte a los bancos en “actores involuntarios en una relación jurídica privada entre arrendador e inquilino”, lo que desborda su función financiera y genera riesgos jurídicos innecesarios.
“El proyecto introduce cargas significativas, como el desarrollo de funcionalidades tecnológicas específicas, la segmentación de productos, capacitación especializada y mecanismos diferenciados para identificar los depósitos de alquiler”, explica el documento.
La asociación señala como especialmente críticos los artículos 15 y 16 del proyecto, que obligan a las entidades financieras a recibir las garantías de los contratos y notificar su existencia al regulador bancario. Esta medida —advierte la ABA— representa una distorsión del rol institucional del sistema financiero y expone a los bancos a conflictos operativos, reclamaciones patrimoniales y responsabilidades que no les corresponden.
Inseguridad jurídica y riesgos sin precedentes
La ABA alertó que el texto actual del proyecto podría generar inseguridad jurídica, ya que no define con claridad el régimen legal aplicable para la devolución de garantías. En ese sentido, considera riesgoso permitir devoluciones “automáticas” sin consentimiento de ambas partes ni orden judicial previa, dejando a los bancos en una posición vulnerable.
Además, cuestionó la exigencia de notificar contratos de alquiler al ente regulador bancario, lo cual, según indica, no guarda relación con el rol de intermediación financiera asignado a los bancos bajo la normativa vigente.
Llamado al Congreso a revisar el proyecto
La asociación pidió a los legisladores revisar en profundidad los artículos señalados para evitar traslados indebidos de funciones al sistema financiero. También reiteró su disposición de colaborar con el proceso legislativo para lograr una normativa que garantice seguridad jurídica sin comprometer la institucionalidad bancaria.
“Estamos comprometidos con una ley de alquileres que respete la autonomía de las partes y preserve el equilibrio entre los derechos contractuales y las funciones esenciales de cada actor institucional”, concluye el documento, entregado formalmente el pasado 3 de julio y con copia al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
