RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) reafirmó su compromiso de contribuir al debate sobre iniciativas legales cruciales para el sector financiero, tras la instalación del nuevo Congreso Nacional el pasado 16 de agosto.
La ABA espera que los legisladores retomen el estudio de proyectos de ley esenciales para la regulación de instrumentos financieros, protección de datos, embargo retentivo y ciberseguridad. Entre las propuestas destacadas se encuentra el proyecto de ley para regular el leasing, que permitirá a las empresas usar bienes sin desembolsar grandes sumas y adquirirlos por su valor residual al final del contrato.
Este proyecto beneficiará especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), al igual que el proyecto de Ley reguladora de contratos de factoraje y descuento. Este último busca ofrecer un marco legal para el anticipo del cobro de ventas a crédito, mejorando la liquidez y capacidad de pago de los negocios.
La ABA también resaltó la reintroducción del proyecto de ley que crea sociedades de garantías recíprocas, un modelo de riesgo compartido que facilitará a las mipymes obtener mejores condiciones financieras en los bancos. Esta propuesta fue presentada por primera vez en 2015.
Otro proyecto relevante en discusión es el de regulación del embargo retentivo, que busca garantizar la dignidad y los derechos de los usuarios, evitando el mal uso de esta figura legal. En la Cámara de Diputados, se encuentra en estudio el proyecto de Ley de gestión de la ciberseguridad, clave para enfrentar amenazas tecnológicas y adaptarse a los avances en la materia.
Asimismo, el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, en revisión en la Cámara Baja, pretende actualizar el marco legal para abordar nuevos delitos de alta tecnología con sanciones adecuadas.
La ABA se mantiene en comunicación constante con las cámaras legislativas para aportar constructivamente al debate de estos proyectos, que son fundamentales para el crecimiento de los sectores productivos, la protección de los derechos de los usuarios y el fortalecimiento de un entorno ciberseguro.
