RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 268-25, mediante el cual se crea una comisión consultiva para el estudio del marco jurídico migratorio de la República Dominicana.
Esta comisión, de carácter temporal y honorífico, tendrá la responsabilidad de analizar en profundidad las leyes migratorias vigentes y presentar al Poder Ejecutivo las sugerencias que considere pertinentes, derivadas de dicho análisis.
El decreto establece que esta medida forma parte de una serie de acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo para fortalecer los mecanismos institucionales destinados a frenar la inmigración irregular en el país. En ese sentido, el estudio y revisión del marco jurídico busca elaborar propuestas que contribuyan a la modernización y actualización de las normas migratorias, en función de las realidades actuales.
Indica que “de conformidad con la Constitución, República Dominicana es un Estado Social y democrático de derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación independencia de los poderes públicos”.
La comisión estará coordinada por el doctor Milton Leónidas Ray Guevara, y estará integrada por los juristas Jimena Conde Jiminián, Justo Pedro Castellanos Khoury, Juan Manuel Rosario, Belén Catalina del Toro, Lenis García Guzmán, Javier A. Suárez, Félix Tena de Sosa y Jatzel Román González, todos especialistas en derecho público y privado.
Entre los considerandos del decreto se destaca que, conforme a la Constitución, la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la independencia de los poderes públicos.
Otro indica que el país tiene una ubicación geográfica privilegiada y un sostenido desarrollo económico, social e institucional que es un atractivo destino migratorio, con altos niveles de irregularidad.
Señala que a eso se agrega el fenómeno globalizado y particularizado por la existencia de dos naciones en la misma isla, por lo que es indispensable la formulación de un marco regulatorio claro, moderno y cónsono con las exigencias del pueblo dominicano.
