RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader declaró este viernes de emergencia nacional las compras y contrataciones públicas necesarias para responder a los severos daños ocasionados por la tormenta tropical Melissa, que impactó el Distrito Nacional y 14 provincias del país, conforme al Decreto núm. 627-25.
La medida autoriza a más de 20 instituciones del Estado a realizar procesos de adquisición de bienes, servicios y obras mediante el procedimiento de excepción por emergencia nacional.
El objetivo es acelerar las acciones de reparación, reconstrucción y restablecimiento de infraestructuras críticas, servicios esenciales y viviendas afectadas por el fenómeno.
Entre las entidades autorizadas figuran los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Educación, Agricultura, Interior y Policía, Turismo y Salud Pública, además del Servicio Nacional de Salud (SNS), Promese/Cal, Inapa, Indrhi, Propeep, las empresas distribuidoras de electricidad (Edesur, Edenorte y Edeeste), la ETED, la CAASD y la Defensa Civil, entre otras.
El decreto establece una vigencia de 30 días y dispone que las instituciones involucradas deberán presentar informes detallados a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, además de publicar toda la información en el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas.
Decisión se sustenta en reportes del COE, según Abinader
La decisión se sustenta en los reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que documentan inundaciones, deslizamientos de tierra y daños severos en viviendas, carreteras, servicios básicos y cultivos, así como comunidades incomunicadas y cientos de familias desplazadas.
“El alcance de los daños materiales configura un escenario extraordinario que demanda la activación inmediata de mecanismos excepcionales”, señala el decreto, al tiempo que resalta el compromiso del Gobierno de ofrecer una respuesta rápida a las zonas afectadas.
Las provincias más impactadas por la tormenta incluyen Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, Independencia, La Vega y Monseñor Nouel, además del Distrito Nacional.
El documento precisa que todas las acciones deberán ejecutarse “bajo los principios de necesidad, razonabilidad y supremacía del interés general”, en cumplimiento de la Constitución y la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
