RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader, mediante el Decreto Núm. 646-24, dispuso la supresión de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (FODEARTE), creada en 2002, como parte de los esfuerzos por modernizar y racionalizar la administración pública.
El decreto establece que el MICM se convierte en el continuador jurídico de los derechos, compromisos y obligaciones de FODEARTE, asegurando la continuidad de sus actividades esenciales. En cuanto al patrimonio de la institución eliminada, los bienes pasaron a ser administrados por la Dirección General de Bienes Nacionales, que transfirió al MICM los activos necesarios para llevar a cabo las funciones asignadas.
Además, el Ministerio de Administración Pública (MAP) lideró el proceso de reubicación, indemnización o cesación del personal afectado, garantizando el cumplimiento de la Ley de Función Pública. Por otro lado, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) redistribuyó las partidas no ejecutadas de FODEARTE, orientándolas hacia las prioridades gubernamentales.
Previo a su supresión, FODEARTE contaba con un presupuesto aprobado para 2024 de RD$62,534,600. Este monto estaba distribuido en varias categorías: RD$43,816,990 destinados a remuneraciones y contribuciones, incluyendo RD$32,771,100 en salarios directos y RD$4,565,659.60 para contribuciones a la seguridad social; RD$11,479,226 en contratación de servicios; RD$4,471,998 en materiales y suministros; y RD$2,766,385.40 para la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles.
En cuanto a la nómina, la institución tenía 41 empleados al 31 de octubre de 2024, con salarios que oscilaban entre RD$11,000 y RD$225,000. El sueldo más alto correspondía al director general, Ramón Antonio Guillén Polanco, con un salario bruto de RD$225,000.
Dentro del personal, un porcentaje significativo se dedicaba a labores administrativas, técnicas y de mantenimiento, con salarios que en su mayoría no superaban los RD$30,000. En total, los salarios representaban un gasto considerable dentro del presupuesto general, lo que subraya la necesidad de optimizar la distribución de recursos en el sector público.
