RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. El presidente Luis Abinader designó este martes la comisión técnica que presidirá el Consejo Nacional de Salud (CoSeNaSa), según lo establece el artículo 53 de su reglamento interno. La medida fue oficializada mediante el Decreto núm. 722-25.
La comisión estará coordinada por el doctor Arismendi Díaz Santana e integrada por Pedro Ramírez Slaibe, Federico Lalane José, el magistrado Manuel Alexis Read (una vez concluya sus funciones en la Suprema Corte de Justicia) y Nora Elizabeth Sánchez Padilla, excoordinadora de Participación Ciudadana.
Según un comunicado de la Presidencia de la República del 12 de diciembre, la comisión tendrá entre sus funciones conocer y otorgar “no objeción” a contratos que superen un mes y los cinco millones de pesos, tanto de carácter administrativo como de provisión de servicios de salud, que puedan afectar financieramente al Seguro Nacional de Salud.
Funciones clave de la comisión técnica
La comisión también deberá recabar información, analizar, vigilar e informar periódicamente al Consejo sobre:
- Transacciones y operaciones financieras del Seguro Nacional de Salud.
- Contrataciones de servicios realizadas o proyectadas por la Dirección Ejecutiva.
- Autorizaciones médicas y financieras en los regímenes contributivo y subsidiado.
- Reclamaciones en segunda instancia de los regímenes de financiamiento.
- Modalidades de contratación y mecanismos de pago de servicios de salud.
- Cumplimiento de compromisos financieros con autorizaciones y reembolsos a afiliados.
- Disponibilidad bancaria del Seguro Nacional de Salud, incluyendo inversiones en proceso o canceladas.
- Registro de contratos de compras administrativas en el sistema de la Contraloría General de la República.
Transparencia y cumplimiento normativo
El decreto presidencial también establece un diseño orgánico para el funcionamiento del Consejo, con reuniones ordinarias periódicas y publicidad de actas, resoluciones y certificaciones. Además, enfatiza que todas las operaciones de compras y contrataciones deberán cumplir con los principios de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas vigente.
