RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader tiene hasta el domingo 10 de agosto para promulgar u observar el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional. De no hacerlo dentro del plazo constitucional, la normativa será publicada de forma automática, tal como lo establece el artículo 101 de la Constitución dominicana.
El pasado viernes, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto a la secretaria del bufete directivo, Lía Díaz, firmaron y remitieron el proyecto al Poder Ejecutivo, iniciando oficialmente el conteo de los diez días hábiles para su promulgación.
De acuerdo con la Carta Magna, si el Poder Ejecutivo no observa ni promulga una ley en ese lapso, el presidente del Senado deberá proceder a publicarla como ley. El artículo 102, por su parte, le da al presidente la opción de devolver la pieza con observaciones, en cuyo caso será el Congreso el que decida si las acoge o mantiene el texto original.
La legislatura extraordinaria, habilitada para aprobar el controvertido Código, culminará el próximo martes 5 de agosto. Sin embargo, si el mandatario no toma una decisión antes de esa fecha, dicha legislatura se considerará extendida hasta que se resuelva el tema, conforme al artículo 106 de la Constitución.
Llamado a la promulgación
Amado Díaz, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, exhortó al presidente Abinader a promulgar el nuevo Código Penal sin dilaciones. Argumentó que el país necesita con urgencia una actualización legal que sustituya el viejo marco penal, el cual data de más de un siglo.
“El país adolece y procura una normativa penal acorde con los tiempos. Este nuevo código incluye más de 90 tipos penales nuevos que responden a realidades sociales, tecnológicas y delictivas actuales”, afirmó el legislador.
Díaz también recordó que la ley contempla un período de vacatio legis de un año, lo cual permitirá corregir posibles fallas antes de su implementación total. En ese sentido, destacó que si bien todo código es perfectible, eso no debe ser una excusa para seguir postergando su entrada en vigor.
Una aprobación marcada por el consenso parcial
El Congreso Nacional, con mayoría del PRM, logró aprobar el controversial proyecto tras años de estancamiento por temas sensibles como la despenalización del aborto, la discriminación por orientación sexual y las sanciones a instituciones religiosas.
Durante la actual legislatura, iniciada el 27 de febrero, los congresistas se reunieron casi a diario con representantes de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional para alcanzar acuerdos que permitieran la aprobación, aunque no hubiera consenso pleno en todos los artículos.
Ahora la decisión final recae sobre el presidente Abinader, cuya respuesta –ya sea afirmativa, negativa o pasiva– definirá el futuro inmediato del sistema penal dominicano.
