RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público concertó un acuerdo con dos empresarios involucrados en el caso Calamar para que los dejaran fuera de ese proceso penal, y “llevarse la suma de RD$7,615 millones en los bolsillos”, sostuvo la abogada Laura Acosta Lora, miembro de la defensa de Gonzalo Castillo.
Los señalados por la abogada del exministro de Obras Públicas acusó a Ramón Emilio Jiménez Collie, alias Mimilo, y a José Arturo Ureña de firmar “arreglos que les permite llevarse 7,615 millones de pesos en los bolsillos como parte de esos “arreglos” en los que no se les perseguirá penalmente”.
Acosta Lora manifestó que recurrirán la decisión de la jueza que conoce el expediente de corrupción por excluir a esa defensa de la audiencia de homologación del acuerdo, que calificó de ilegal.
Junto al también defensor de Gonzalo Castillo, Luis Rivas, sostienen que las negociaciones del grupo de seis imputados con el órgano acusador se hicieron por “la parte trasera”, contrario a otros expedientes recientes, que se realizaron durante las vistas.
“El señor Ramón Emilio Collie y José Arturo Ureña tienen una empresa que se llama Trossachs Enterprises que, en la medida de coerción se dice que esa empresa se cogió, a través del reconocimiento de deudas y de expropiaciones 7,615 millones de pesos, que hoy son beneficiarias con el criterio de oportunidad”, dijo Acosta Lora.
Agregó que esa empresa, la Trossachs Enterprises, “no está imputada, no está en ningún acuerdo” y otras compañías que tienen como socios a los dos empresarios, “tampoco están imputadas”.
Este jueves, la divergencia entre el Ministerio Público y querellantes sobre los bienes inmuebles y muebles que serían devueltos por los seis imputados a los cuales se les solicitó el criterio de oportunidad, motivó el aplazamiento de la audiencia de homologación por parte de la jueza Altagracia Ramírez.
La nueva fecha de la vista fue prorrogada para el 25 de julio, después que incluso se les entregara a los acusados que se oponen a la negociación con el órgano acusador una resolución en la que se decidió que no tenían calidad de participar en la audiencia.
Los que serían beneficiados, de ser acogida la petición del Ministerio Público, con el criterio de oportunidad y se dejarían fuera del proceso penal, serían Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio (Mimilo) Jiménez Collie, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, forma parte de la supuesta red que, según el Ministerio Público, defraudó al Estado dominicano y a varias familias con más de RD$41 millones.
También están acusados en la alegada trama los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, el exsenador de Azua, Rafael Calderón y varios abogados, entre ellos Ángel Lockward, Juan Tomas Polanco Céspedes y los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández.
La abogada sostuvo que el Ministerio Público está “negociando con la impunidad” en los acuerdos a los que llega con los acusados de casos de corrupción.
Según manifestó, “los que están haciendo acuerdos se embolsillan el triple, cuatro y cinco veces y devuelven una tercera o quinta parte”.
Acosta recibió este jueves la notificación de que la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, declaró inadmisible la participación de Gonzalo Castillo y Donald Guerrero en la aplicación de los criterios de oportunidad que busca otorgar el Ministerio Público.
La jurista conversó con periodistas tras recibir la comunicación de parte del tribunal.
