RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El abogado penalista César Amadeo Peralta advirtió sobre los riesgos legales y vacíos presentes en el nuevo Código Penal dominicano, aprobado recientemente y con entrada en vigor prevista para el 3 de agosto de 2026.
Durante una entrevista en el programa El Sol de la Tarde, Peralta exhortó a la población y al sector jurídico a revisar detenidamente el contenido del nuevo cuerpo legal.
Según afirmó, el texto introduce al menos 70 nuevos tipos penales, 22 de los cuales contemplan penas que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.
“Este código contiene disposiciones que podrían afectar a amplios sectores de la sociedad si no se conocen y entienden a tiempo. No se trata de una simple actualización legal, sino de un cambio estructural profundo que debe analizarse con responsabilidad”, señaló el jurista.
Puntos de preocupación en el Código Penal
Entre los puntos que generan mayor preocupación, Peralta mencionó los artículos 317 y 318, que sancionan con hasta tres años de prisión el uso indebido de uniformes, insignias o distintivos de organismos estatales y militares, lo que —advirtió— podría afectar incluso a organizaciones cívicas tradicionales como la Antigua Orden Dominicana.
También destacó el endurecimiento de penas por delitos como la invasión de propiedades, que ahora podrían castigarse con entre 4 y 10 años de prisión, frente a las sanciones anteriores de seis meses a dos años.
Peralta llamó particularmente la atención de los profesionales de la comunicación, periodistas y creadores de contenido, ante el riesgo de ser perseguidos judicialmente por difamación u ofensas percibidas por funcionarios públicos, incluso mediante gestos o expresiones ambiguas.
A pesar de reconocer algunos avances en la actualización del código, que databa de 1845, el abogado insistió en que se deben revisar y consensuar nuevamente varios de sus artículos antes de su entrada en vigor.
“No se trata de una reforma menor. Se deben tomar medidas para evitar consecuencias legales inesperadas en la población”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que cualquier modificación o aplazamiento requeriría una nueva intervención del Poder Ejecutivo, dado que el actual decreto ya lo promulgó el presidente Luis Abinader.
