RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) propuso este viernes la creación de un reglamento nacional que regule el uso de cámaras de videovigilancia en los centros educativos del país, como parte de una política integral que garantice tanto la seguridad como los derechos fundamentales de la comunidad escolar.
En un comunicado de prensa, el gremio docente indicó que la regulación debe construirse con la participación del Ministerio de Educación (MINERD), padres, tutores, representantes de la sociedad civil y organismos especializados como UNICEF, el Defensor del Pueblo y organizaciones comunitarias vinculadas a las escuelas.
“La seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida. Sin embargo, su implementación debe hacerse con equilibrio, transparencia y respeto a la dignidad humana”, señaló la ADP.
El sindicato aclaró que no se opone a las medidas de seguridad, siempre que estas no vulneren el derecho a la intimidad de estudiantes y docentes, ni sean utilizadas con fines disciplinarios o de control laboral.
Sanciones y marco legal, según ADP
La propuesta de la ADP incluye el establecimiento de sanciones claras por la instalación irregular de sistemas de vigilancia o el uso indebido de grabaciones.
Asimismo, enfatizó que el consentimiento informado de las familias y del personal educativo es obligatorio.
Tal como establece la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
La organización también subrayó la necesidad de realizar diagnósticos de riesgos antes de instalar cámaras, así como estudios de impacto legal, social y psicológico.
“No debe aplicarse de forma generalizada ni indiscriminada”, expresó.
En cuanto al manejo de las grabaciones, la ADP indicó que estas deben ser resguardadas de forma segura, sin acceso público ni difusión no autorizada.
Únicamente autoridades competentes —como direcciones escolares, el MINERD, el Ministerio Público o tribunales— podrán acceder a las imágenes, bajo condiciones legales específicas.
Base constitucional e internacional
La ADP recordó que el Tribunal Constitucional Dominicano reconoció la validez de utilizar tecnología para prevenir riesgos, siempre que se respeten los derechos fundamentales.
También citó tratados internacionales vinculantes, como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 108 del Consejo de Europa sobre protección de datos personales, así como recomendaciones de la UNESCO y UNICEF sobre vigilancia en espacios escolares.
Llamado a crear una mesa de diálogo
Finalmente, el gremio propuso la conformación de una mesa de diálogo con representación del MINERD, la ADP, el Defensor del Pueblo, padres, madres, tutores, expertos en niñez y otras entidades, para debatir y consensuar cualquier política pública en esta materia.
“La videovigilancia no puede convertirse en una herramienta de control punitivo. Debe ser parte de una estrategia transparente, participativa y respetuosa de los derechos humanos”, concluyó el comunicado.
