RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La modificación en discusión de la Ley 225-20 sobre manejo de residuos sólidos, que contempla inversiones públicas de entre RD$8,000 y RD$12,000 millones, ha generado fuertes cuestionamientos por parte de expertos y organizaciones sociales.
Advierten que esta reforma podría consolidar monopolios privados en el sector y debilitar la capacidad de gestión de los gobiernos municipales.
Aunque presentada como una iniciativa para modernizar la recolección y tratamiento de desechos sólidos, el análisis de la propuesta legislativa revela varios puntos críticos. Uno de los principales es la posibilidad de que se limite la competencia, se debilite la transparencia en el manejo de recursos públicos y se favorezca a empresas que ya dominan el mercado.
Uno de los aspectos más preocupantes es que, aunque la ley contempla asignaciones millonarias para ayuntamientos y distritos municipales, no se especifican mecanismos estrictos de fiscalización ni de rendición de cuentas. Esto podría abrir la puerta al uso indebido de los fondos, incluyendo el clientelismo político y el aumento de nóminas innecesarias.
Además, se señala que el Ministerio de Hacienda, que actualmente tiene un rol clave en la supervisión del uso de los recursos públicos, pierde relevancia en la propuesta de reforma. Esta exclusión debilita los controles institucionales sobre el dinero público y puede permitir un manejo más discrecional de los fondos.
La reforma también ha sido criticada por favorecer a un grupo reducido de empresas que ya operan en el sector, a través de artículos como el 4, 16, 17, 36 y 38. Estas disposiciones permitirían contratos largos con pagos garantizados a través de un fideicomiso público-privado, lo que podría limitar el acceso a nuevos actores e impedir una evaluación constante del desempeño de las empresas.
Los artículos 108 y 109 imponen requisitos para nuevas estaciones de transferencia que las obligan a vincularse con rellenos sanitarios ya autorizados, lo que pone en desventaja a empresas emergentes. Por su parte, el artículo 116 obliga a que las plantas de valorización estén asociadas a un relleno ya establecido, cerrando el paso a iniciativas independientes.
Otro punto controversial es el artículo 172, que otorga cinco años adicionales a las empresas plásticas para adaptarse al uso de resina reciclada, sin especificar quién proveerá este insumo, lo que podría consolidar un nuevo monopolio en este mercado clave.
La reforma también contempla un nuevo sistema de cobro directo por el servicio de recolección de residuos, según el artículo 140, lo que permitiría a los ayuntamientos definir sus propias tarifas. Si bien esto podría generar más ingresos para los gobiernos locales, también existe el riesgo de distorsiones tarifarias y decisiones motivadas por intereses políticos inmediatos.
El manejo de los fondos a través de un fideicomiso centralizado, como lo establecen los artículos 38 al 40, también ha generado alarma. Esta estructura podría facilitar el uso discrecional de los recursos sin una supervisión estatal robusta, especialmente considerando que se minimiza la participación del Ministerio de Hacienda.
Aunque el proyecto incluye medidas ambientales, como la eliminación del foam sin aditivos biodegradables, estas disposiciones podrían implicar costos adicionales para ciertas empresas, favoreciendo a otras que ya dominan el mercado de productos biodegradables.
En resumen, aunque la reforma promete modernización y eficiencia, críticos del proyecto aseguran que su verdadero efecto podría ser la concentración del poder económico en pocas manos, el cierre del mercado a nuevos actores y el aumento de la dependencia financiera de los municipios frente a intereses privados.
