RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y la directora de Prevención de la Violencia, Jessica Croce, expresaron su preocupación ante la actual reforma del Código Penal que se discute en el Congreso Nacional, advirtiendo que el texto aún carece de garantías reales para los derechos humanos de las mujeres, en especial por la exclusión de disposiciones clave como las tres causales del aborto.
Jiménez afirmó que el Ministerio ha sido coherente durante las casi dos décadas de debate legislativo: “Necesitamos un Código Penal que sea garante de los derechos humanos de las mujeres”, subrayó. Agregó que la versión actual no incorpora una perspectiva de género, omite figuras como la violencia psicológica y económica, y no contempla agravantes claves en casos de feminicidio.
Falta de enfoque integral
Jessica Croce reconoció como avance la tipificación del feminicidio, pero lamentó que no se establezca una escala de penas acorde con la gravedad del delito. También destacó que no se han incorporado agravantes como si la víctima estaba embarazada, si había antecedentes de violencia o si había menores presentes durante el hecho.
El Ministerio, en su rol legal de acompañamiento legislativo, ha enviado múltiples observaciones y propuestas al Congreso, pero el proyecto actual no cumple con los estándares internacionales, señalaron ambas funcionarias.
Proyecto de ley integral estancado
Jiménez recordó que el Poder Ejecutivo depositó hace más de dos años un proyecto de ley integral sobre violencia de género, que aborda prevención, atención y protección de víctimas, pero el Congreso no ha iniciado su discusión. “Las resistencias no han estado ni en los presidentes ni en los partidos, sino en un grupo de legisladores que legislan de espaldas a los derechos de las mujeres”, denunció.
Estadísticas: una disminución relativa
Croce presentó cifras que muestran una reducción en los feminicidios: de un promedio de 96 casos anuales entre 2005 y 2019, se bajó a 69 por año entre 2020 y 2024. En lo que va de 2025, se ha reportado una reducción del 19 % respecto al mismo período del año anterior. No obstante, ambas advierten que el problema sigue siendo estructural y cultural, por lo que requiere atención constante.
Compromiso institucional y social
Desde el Ministerio, se han impulsado campañas y programas formativos, como la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, con el objetivo de generar transformaciones sociales desde la educación. “La ciudadanía también tiene un papel vital en la denuncia y la visibilidad de la violencia”, reiteró Jiménez.
Ambas funcionarias reiteraron el llamado a los legisladores a revisar el texto del Código Penal con enfoque de derechos humanos, para construir un marco legal inclusivo, justo y protector, que permita avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia.
