RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- A pesar del potencial económico de la minería en República Dominicana, el ritmo lento en la emisión de permisos medioambientales amenaza con comprometer el futuro del sector. Así lo advierte Pedro Esteva, presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPERD), quien señala que la falta de agilidad en los procesos afecta la exploración, una fase que puede tardar entre diez y quince años antes de iniciar una explotación minera.
Según Esteva, los términos de referencia necesarios para realizar estudios de impacto ambiental, emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente, son fundamentales para autorizar los proyectos. No obstante, su gestión ha sido históricamente burocrática. Una reciente resolución ha centralizado este proceso en dicho ministerio, eliminando la necesidad de aprobación presidencial, como ocurrió con los proyectos de Goldquest en San Juan y Unigold en Dajabón.
Esteva considera positivo que el Estado dominicano haya creado la Empresa de Minería e Industrias Dominicana (Emidom), ya que ha acelerado procesos de exploración y refleja el reconocimiento oficial de la importancia del sector. Aun así, advierte que se requiere una transferencia de conocimientos desde las empresas privadas, ya que el gobierno carece de experiencia técnica en la materia.
Uno de los retos más graves, a juicio de CAMIPERD, es la persistencia de la minería informal, especialmente en la extracción de agregados no metálicos. “Desde un arenero con pico y pala hasta empresarios sin permisos, operan al margen de la ley, sin planes de remediación ni cierre”, afirmó Esteva. Esta actividad, además de causar daños ambientales, no genera aportes fiscales.
Entre 2010 y 2020, la minería representó un 2 % del PIB nacional, con ingresos fiscales que en 2023 superaron los 1,500 millones de dólares. Esteva sostiene que el país podría alcanzar exportaciones equivalentes a dos millones de onzas de oro anuales si se crean las condiciones necesarias, lo que podría traducirse en unos 5,400 millones de dólares para 2036.
La activación de los Comités Sectoriales de la iniciativa Meta RD 2036 también ha sido vista como una oportunidad para diseñar un plan de largo plazo que coordine al sector público y privado. Esteva subraya la importancia de ese diálogo, ya que el 85 % del PIB nacional depende del sector privado, pero este necesita del Estado como fiscalizador de los permisos.
En ese contexto, CAMIPERD también insiste en fortalecer la formación técnica como herramienta para profesionalizar el sector. Empresas como IMCA —dirigida por Esteva, tercera generación al frente— ya desarrollan programas en alianza con centros como el Politécnico Loyola, para crear rutas de carrera que fortalezcan la mano de obra especializada.
“La minería es sostenible cuando se realiza con rigor científico y aporta al país empleo de calidad, ingresos fiscales y desarrollo humano”, concluye Esteva, quien reitera la necesidad de mayor inversión estatal en supervisión ambiental para frenar la informalidad y garantizar una explotación responsable de los recursos.
Fuente: Diario Libre
