RDÉ DIGITAL, DAJABÓN.- El alcalde del municipio fronterizo de Dajabón, Santiago Riverón, respondió este domingo a los señalamientos realizados por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en relación con los recientes operativos municipales que involucran a ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.
Raful recordó que, según la legislación vigente, solo la Dirección General de Migración (DGM) está facultada para ejecutar acciones de control y detención en materia migratoria.
Sin embargo, Riverón defendió su accionar y afirmó que continuará con estos operativos mientras no se demuestre judicialmente que ha incurrido en alguna ilegalidad.
“Faride tiene razón, pero mientras ella me demuestre que yo no tengo potestad, yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Para ella demostrar eso tiene que ir a un juicio, someterme. Mientras eso pasa, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”, declaró el edil.
Aclaración sobre funciones y atribuciones
Riverón insistió en que no está asumiendo competencias de deportación, sino actuando como autoridad local para detener a inmigrantes en condición irregular y entregarlos a Migración, que es la instancia que procede según la normativa.
“Nosotros no estamos deportando haitianos, nosotros los apresamos como autoridad y se los entregamos a Migración. No hemos hecho ninguna deportación porque eso no nos compete”, puntualizó.
Según el alcalde, el accionar municipal responde a una percepción de descontrol en su demarcación, argumentando que “la presencia ilegal haitiana en nuestro territorio afecta el orden, la limpieza y la seguridad del pueblo”.
La postura del Gobierno central
La ministra Raful fue enfática al señalar que cualquier acción en el ámbito migratorio debe respetar la institucionalidad y los derechos fundamentales, recalcando que los ayuntamientos no tienen competencias en esa materia.
“El control migratorio no es competencia de los alcaldes ni de ninguna otra institución distinta a Migración. La ley es clara y estamos actuando con eficiencia y respeto a los derechos fundamentales”, afirmó la funcionaria.
Raful también hizo un llamado a las autoridades locales a ceñirse a los límites de su rol administrativo y coordinar sus inquietudes con los organismos nacionales pertinentes, en lugar de actuar por cuenta propia.
Debate en medio de la tensión fronteriza
Este cruce de declaraciones ocurre en un contexto de tensión creciente en la frontera norte, donde la presión migratoria, especialmente desde Haití, ha generado respuestas mixtas desde distintos niveles del Estado.
La controversia expone un debate más amplio sobre los límites de la autonomía municipal, la aplicación de la ley en zonas sensibles y la necesidad de reforzar el marco de cooperación interinstitucional para abordar el fenómeno migratorio de manera ordenada.
El caso también pone sobre la mesa los desafíos de aplicar la normativa migratoria en municipios que enfrentan realidades fronterizas complejas, donde las funciones locales y nacionales a menudo se cruzan en la práctica.
