RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La decisión de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz afecta directamente a República Dominicana, que depende en gran medida de las importaciones de petróleo. El alza en los precios internacionales del crudo encarecerá la factura petrolera, aumentará los subsidios y elevará el costo de los combustibles y servicios relacionados.
Aumento en la factura petrolera y presión fiscal
En 2024, República Dominicana importó alrededor de 74.48 millones de barriles de petróleo y derivados por un costo total de US$4,733.91 millones. Por cada dólar que suba el barril, el gasto nacional aumentará en unos US$76 millones.
Si el precio del barril se mantiene cerca de los US$90, como prevén los expertos, la factura petrolera para 2025 podría superar los US$5,000 millones, y en 2026 alcanzaría niveles récord de casi US$5,900 millones.
Este incremento impactará el presupuesto nacional, que ya proyecta una revisión urgente para ajustar subsidios y gastos.
Subsidios a combustibles: un reto creciente
El Ministerio de Industria y Comercio reportó que el subsidio semanal a los combustibles subió a RD$214.4 millones, el nivel más alto en meses y muy por encima del presupuesto semanal aprobado de RD$192.3 millones.
Expertos sugieren modificar el mecanismo actual, priorizando subsidios para el GLP y el gasoil regular, y limitando los apoyos para gasolinas premium y otros derivados. De lo contrario, el gasto fiscal será insostenible.
Consecuencias en costos y economía local
El aumento en el precio del petróleo elevará los costos de transporte, electricidad, pasajes aéreos y fletes marítimos, afectando la inflación y el bolsillo de los dominicanos. Esto también podría frenar el crecimiento de sectores clave como el turismo.
Los economistas advierten que el gobierno debe diseñar un plan de contingencia para mitigar el impacto en la población y en la economía, especialmente si la crisis persiste durante 2025 y 2026.
Este escenario obliga a República Dominicana a prepararse para un periodo de ajuste fiscal y económico, con la necesidad de políticas claras para mantener la estabilidad y proteger a los sectores más vulnerables.
