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Amnistía Internacional denuncia “políticas migratorias racistas” en RD

RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Amnistía Internacional (AI) ha reiterado sus preocupaciones sobre las políticas migratorias racistas en República Dominicana, instando al gobierno a cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar el derecho a defender los derechos humanos sin discriminación, especialmente para aquellos que luchan contra el racismo estructural en el país.

En un comunicado divulgado este viernes, la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, destacó la necesidad de que las autoridades dominicanas actúen con firmeza ante las crecientes amenazas contra los defensores de los derechos de los migrantes haitianos, los dominicanos de ascendencia haitiana en situación de apatridia y los afrodescendientes.

Piquer advirtió que, si no se toman medidas adecuadas, estas amenazas podrían derivar en violencia física y el silenciamiento permanente de una parte importante de la sociedad civil dominicana.

Amnistía Internacional subrayó que el gobierno debe poner fin a las políticas y prácticas que perpetúan el racismo estructural, y que han creado un entorno donde la discriminación es tolerada.

Esto incluye garantizar el derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana que quedaron en situación de apatridia debido a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013.

También hizo un llamado a poner fin a las expulsiones colectivas de migrantes haitianos y al perfilamiento racial contra personas negras.

La organización hizo énfasis en la necesidad de que las autoridades se abstengan de emitir declaraciones estigmatizantes contra los migrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana, y que reconozcan las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la actual política migratoria.

El impacto del miedo en las comunidades migrantes

AI destacó que las políticas migratorias racistas del gobierno dominicano han creado un clima de terror, especialmente en las comunidades de bateyes, que albergan a personas migrantes haitianas y dominicanos de ascendencia haitiana.

La organización afirmó que el miedo a los operativos migratorios está afectando gravemente la vida cotidiana de estas comunidades.

Los operativos de repatriación, que se intensificaron desde octubre de 2024, han generado temor incluso entre personas con documentos migratorios regulares, quienes dudan en buscar atención médica o ir a trabajar.

Amnistía Internacional también expresó su alarma por el aumento de los discursos racistas en medios de comunicación y redes sociales, lo que ha dado lugar a un “asedio digital” contra personas defensoras de los derechos humanos.

Esta situación ha contribuido a un ambiente de hostilidad y estigmatización hacia las comunidades migrantes y las personas que luchan por la justicia racial.

Llamado a la acción del presidente Abinader

La organización instó al presidente Luis Abinader a liderar acciones concretas para fortalecer el respeto a las voces críticas y garantizar un entorno donde la defensa de los derechos humanos y la justicia racial sea protegida.

AI subrayó que el presidente tiene la oportunidad de tomar medidas significativas para frenar la discriminación y el racismo estructural en el país.

Además, la organización destacó que, desde finales de 2024, varios grupos de derechos humanos, como el Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han denunciado ataques a sus sedes, mientras que otros medios de comunicación y organizaciones, como Participación Ciudadana, también han reportado incidentes similares.

En su comunicado, Amnistía Internacional también recordó un incidente ocurrido el 8 de marzo de 2025, cuando la policía interrumpió un acto público en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, confundiendo una expresión cultural sincrética de la nación con una canción en criollo haitiano.

Amnistía Internacional concluyó su declaración pidiendo al gobierno dominicano que actúe con urgencia para proteger los derechos humanos y garantizar un entorno seguro para todos los defensores de derechos humanos en el país.

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