RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo autorizó a seis entidades públicas a realizar adquisiciones bajo el régimen de seguridad nacional, conforme a los decretos 186-25 y 205-25, emitidos los días 3 y 14 de abril de 2025, respectivamente. Ambas disposiciones fueron firmadas por el presidente Luis Abinader y publicadas en la Gaceta Oficial del 15 de abril.
Las instituciones incorporadas a este régimen especial son:
- Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP)
- Dirección General de Pasaportes
- Departamento Aeroportuario
- Ministerio de Energía y Minas
- Dirección General de Migración (DGM)
- Procuraduría General de la República (PGR)
Con estas adiciones, ya son 14 las entidades estatales habilitadas para contratar bienes, servicios y equipos mediante este mecanismo excepcional, reservado para situaciones de alto interés estratégico y nacional.
Entidades previamente autorizadas
Las instituciones previamente facultadas bajo el régimen de seguridad nacional incluyen:
- Ministerio de la Presidencia, como órgano superior del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS)
- Ministerio de Interior y Policía (MIP)
- Ministerio de Defensa (MIDE)
- Ejército de la República Dominicana
- Armada de República Dominicana
- Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD)
- Policía Nacional
- Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)
¿Qué cubre el régimen de seguridad nacional?
De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 111-22, se consideran contrataciones de seguridad nacional aquellas vinculadas con la adquisición de:
- Armas letales y no letales
- Municiones y chalecos antibalas
- Bombas lacrimógenas y dispositivos de control de disturbios
- Vehículos de combate (drones, aeronaves, barcos tácticos y repuestos)
- Radares terrestres, navales y aéreos
- Sistemas tecnológicos y equipos informáticos para defensa y seguridad.
- Servicios de consultoría técnica directamente relacionados con la seguridad y la defensa nacional.
Este régimen busca agilizar las respuestas del Estado ante amenazas a la soberanía, la integridad territorial, la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de la población, tanto frente a riesgos internos como externos.
