RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En un esfuerzo por garantizar el derecho fundamental a la educación, la Comisión Revisora, designada por el ministro de educación, Ángel Hernández, ha presentado un anteproyecto de ley destinado a modificar la Ley Orgánica de Educación número 66-97.
Bajo el título de “Transformación Educativa: Inversión y Calidad Integral”, esta propuesta busca asegurar una educación integral, inclusiva, equitativa y de calidad en los niveles inicial, básico y medio.
El anteproyecto destaca un aumento progresivo en la inversión en educación preuniversitaria, estableciendo que la inversión pública anual no debe ser menor al 4 %. La propuesta plantea un incremento mínimo de un dos por ciento para el año 2030, con el objetivo de alcanzar el porcentaje establecido.
Este enfoque se fundamenta en el compromiso de fortalecer el sistema educativo para cumplir con estándares de excelencia.
Una de las claves de la propuesta es la consideración de un “presupuesto protegido” y prioritario para asignaciones operativas corrientes, incluyendo fondos para la formación continua de profesores, gastos de funcionamiento de áreas de gestión educativa, transferencias corrientes para regionales, distritos y centros, así como salarios de los profesores. Se destina especial atención a la investigación y la innovación educativa.
El artículo 26, párrafo 2, del anteproyecto sugiere que la distribución del presupuesto entre las diferentes áreas se establecerá mediante reglamento, asignando al menos el 15 % del presupuesto nacional de educación para ser planificado, gestionado y ejecutado por unidades descentralizadas de educación en el territorio.
En comparación con la legislación actual, que establece un porcentaje específico del gasto público anual en educación, la propuesta busca mayor flexibilidad al considerar factores como la variación del producto interno bruto (PIB). Además, se prohíbe la modificación de asignaciones presupuestarias del Capítulo de Educación Preuniversitaria para asegurar la estabilidad y continuidad del financiamiento educativo.
Esta propuesta refleja un enfoque contemporáneo hacia la inversión educativa, priorizando la calidad, la inclusión y la adaptabilidad a las condiciones económicas cambiantes. La sociedad dominicana observa con interés este anteproyecto de ley, anticipando un impacto positivo en la formación de las generaciones futuras.
