RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En el país de las maravillas, República Dominicana, los legisladores disfrutan de altos salarios y una amplia gama de beneficios. Los diputados reciben ingresos de RD$320,000 mensuales y compensaciones adicionales, mientras que los senadores perciben alrededor de RD$350,000 al mes, junto con fondos especiales y privilegios exclusivos.
Los diputados cuentan con un salario base de RD$175,474.65, según lo establece la Ley del Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano (Inprescondo). Sin embargo, al sumar pagos por asistencia a sesiones, comisiones y otras compensaciones, algunos alcanzan ingresos mensuales cercanos a los RD$300,000.
Además, reciben entre RD$20,000 y RD$25,000 para combustible, montos mayores si ocupan cargos como voceros de bloques legislativos. También disponen de pagos únicos por asistencia a sesiones del Pleno, que pueden alcanzar RD$4,500 por reunión, y un fondo adicional para cubrir costos de celulares y hospedaje en la capital.
Por su parte, los senadores manejan un fondo de representación conocido como el “cofrecito”, asignado según la cantidad de habitantes de sus provincias, y reciben ingresos extra para representación, además del polémico “barrilito”. Este fondo exclusivo puede superar los RD$252 millones al año, destinado, en teoría, a proyectos comunitarios.
El sistema de pensiones permite a los legisladores retirarse con más del 70% de sus ingresos tras 12 años de servicio y al alcanzar los 60 años. Esto significa que un diputado podría recibir una pensión cercana a los RD$200,000 mensuales. Los senadores y expresidentes de la Cámara tienen condiciones aún más favorables.
Entre los privilegios adicionales, los legisladores cuentan con exoneraciones fiscales para importar vehículos cada período y gozan de inmunidad parlamentaria, lo que dificulta su arresto durante las legislaturas.
El exdiputado Juan Comprés, de la Fuerza del Pueblo, ha cuestionado algunos aspectos del sistema, como el descuento de un 6% a las pensiones, que considera inconstitucional. Además, diversos sectores han solicitado la revisión de la Ley que regula el Inprescondo, en busca de mayor equidad y transparencia en la gestión de los recursos asignados a los legisladores.
El gasto anual del Congreso, que asciende a RD$570 millones, continúa siendo objeto de debate en una sociedad que reclama mayor eficiencia en la gestión pública y una redistribución más justa de los recursos nacionales.
